Por Horacio Minotti

Sin sutilezas, han conseguido aprobar en sendas cámaras legislativas cinco proyectos y hoy tratarán el restante. De ellos, dos son manifiesta e indiscutiblemente inconstitucionales: la reforma del Consejo -aprobado ayer por el Senado- con consejeros electos con voto directo; y la restricción casi total para interponer medidas cautelares contra el Estado -que será discutido hoy en la Cámara alta-, lo que marca una extraordinaria desigualdad entre sujetos jurídicos.

Ahora bien. El gobierno puede redactar el proyecto que quiera, enviarlo al Congreso cuando guste, y si sus legisladores conforman la mayoría, aprobarlos cuando les venga en gana. Pero las leyes pasan un control de constitucionalidad en el Poder Judicial, del cual la Corte Suprema es su cabeza.

Estas normas, especialmente la que resulta clave en el plan kirchnerista, es decir la elección de consejeros de modo directo, serán aplicadas, este año, en agosto, porque la elección primaria será en solo cuatro (4) meses. Por ende, si la Corte no declara su inconstitucionalidad y mantiene su cadencioso tiempo para estudiar las causas, luego, ante el hecho consumado, no habrá nada más que hacer.

El Consejo actualmente en funciones ya es inconstitucional. Su conformación después de la reforma que también hicieron los K en 2006 rompe los equilibrios que exige la Constitución entre los estamentos representados. El mismo año que esa ley fue sancionada, el Colegio Público de Abogados de la Capital hizo un planteo de inconstitucionalidad, que la Corte jamás convalidó ni rechazó. Lo está “estudiando”. Seis añitos estudiándolo. Empiecen a asumir responsabilidades, porque dejaron aplicar seis años una norma repugnante al artículo 114 de la Constitución Nacional para no enfrentarse al poder político.

Esta tendencia del Poder Judicial a “surfear” la ola sin enfrentarse a otros poderes, aun cuando eso implique la aplicación de normas inconstitucionales, ha devenido en la idea del Ejecutivo de que puede hacer lo que quiera. Y ahora a la Corte los tiempos se le acortan, se le estrechan y la enfrentan con su propia aniquilación.

Tanta parsimonia, contrastada ahora con la urgencia. Cuando este proyecto sea aplicado, la Corte perderá su presupuesto y con él su capacidad para funcionar. El Poder Judicial, independiente por dogma republicano, quedará en manos del poder político.

Y la Corte deberá decidir en tiempo récord si consiente y asume su desaparición absoluta y definitiva, o enfrenta con dignidad mínima, el intento de demolición. Si no lo hace, estos jueces, tanto como el kirchnerismo, deberán enfrentar el juicio de la historia, por débiles o por timoratos.