La Corte Suprema de Justicia retomó este martes su funcionamiento pleno luego del receso de verano. En el inicio del año judicial, el tribunal definió una hoja de ruta con dos ejes centrales: la cobertura de vacantes en el Poder Judicial y el ritmo de las causas de corrupción. Fuentes judiciales señalaron que ambos temas encabezaron las conversaciones internas del máximo tribunal.

La situación de las vacantes encendió alertas en la Corte. Las proyecciones internas indicaron que, de no revertirse la tendencia, en 2026 más del 40% de los cargos judiciales quedarían sin cubrir. Los ministros del tribunal transmitieron al Gobierno la necesidad de acelerar los nombramientos. Esta vez, según deslizaron en el Palacio de Justicia, tomaron como válida la promesa oficial de avanzar con las designaciones a partir de marzo.

La Corte funcionó hoy con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con esa integración, cada sentencia exigió unanimidad. Ante una disidencia, el reglamento obligó a convocar conjueces sorteados entre los presidentes de cámaras federales. A pesar de esa limitación, el tribunal avanzó con su agenda y celebró la primera reunión de ministros del año, ya con Rosenkrantz de regreso tras un viaje al exterior.

El vínculo con el Poder Ejecutivo atravesó un buen momento. En los despachos judiciales destacaron el diálogo con el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ese clima se reflejó en una decisión clave: el Gobierno formalizó un aumento del 280% en el presupuesto del Poder Judicial, con una partida de $28.973.850.716 destinada a bienes de uso dentro del Consejo de la Magistratura.

Ese intercambio directo alimentó expectativas de cooperación institucional. “No nos podemos equivocar más, cada decisión debe ser sobre seguro”, admitió un interlocutor oficial al referirse a los nombramientos pendientes. El antecedente inmediato pesó en la cautela: el Ejecutivo fracasó el año pasado con los pliegos del juez Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla.

El Gobierno evaluó retomar el envío de propuestas al Senado junto con los pliegos de casi doscientos jueces federales y nacionales que aguardaron tratamiento desde hace dos años. Ese paquete otorgó margen de negociación política. Además de los cargos en la Corte, la Casa Rosada tuvo en juego las designaciones del Procurador General, el Defensor General y el Defensor del Pueblo.

En ese escenario, el presidente Javier Milei sostuvo su negativa a negociar con el kirchnerismo. Adorni negó contactos con emisarios de Cristina Kirchner. Sin embargo, en los tribunales recordaron que el diálogo existió en el pasado y se interrumpió tras la condena de la expresidenta y la difusión de conversaciones informales con su entorno.

La estrategia oficial apuntó a construir mayorías en el Senado a partir de gobernadores radicales y peronistas no alineados con el kirchnerismo. En la Corte evaluaron que la influencia de Cristina Kirchner sobre los senadores se debilitó, lo que abrió un margen distinto para cualquier acuerdo. “Si hay un candidato del peronismo potable está despejado el camino para que haya una negociación”, señaló una fuente judicial.

En paralelo, las causas de corrupción ocuparon un lugar sensible en la agenda del tribunal. Rosatti y Lorenzetti manifestaron preocupación por la demora en expedientes de alto impacto, entre ellos el caso de los Cuadernos. Rosenkrantz aclaró en diciembre que el impulso de esos procesos no dependió de la Corte, sino de los tribunales donde tramitaron las causas.

Aún restó definir el remate de bienes vinculado a la condena en la causa Vialidad y fijar fecha para dos juicios pendientes contra la expresidenta: el expediente por el Memorándum con Irán y la causa Hotesur–Los Sauces por lavado de dinero. En este último caso, el juez Rodrigo Giménez Uriburu se excusó por haber integrado el tribunal que dictó la condena en Vialidad, lo que obligó a un nuevo sorteo y postergó el inicio del debate.