Fuentes judiciales indicaron que no se sabe dónde se encuentra el líder de la RAM; el gobierno de Sebastián Piñera había apelado la decisión de un tribunal de Temuco de concederle la libertad condicional.
El gobierno de Chile, a través del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, admitió que desconoce el paradero del líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien debe regresar a prisión luego del fallo de la Corte Suprema de ese país que revocó la libertad condicional que se le había otorgado.
«Está prófugo de la Justicia», admitió el funcionario de la administración del presidente Sebastián Piñera. Jones Huala fue liberado el 21 de enero pasado, luego de acceder al beneficio de libertad condicional otorgado por el Tribunal de Apelaciones de Temuco que evaluó, entre otros aspectos, la “buena conducta” del recluso.
Desde su liberación, aseguró que residiría en una comunidad mapuche de Temuco debido a que debía presentarse regularmente ante la Justicia para certificar su domicilio, tal como estaba establecido en el documento por el que logró la libertad condicional.
En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal trasandino –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, Rodrigo Biel, Miguel Vázquez y Haroldo Brito (el único voto disidente)– denegó el recurso de amparo deducido por la defensa y que fue acogido en enero por el tribunal de alzada. Dicha resolución consideró informes presentados por Gendarmería que realzaban la “buena conducta” del activista durante su estancia en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco y su tiempo en recluido para acceder al beneficio.
“La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco ponderó de manera adecuada los antecedentes para denegar el beneficio, por lo que no existe actuar ilegal de dicha instancia”, indicó la Justicia chilena sobre la resolución dictada por dicha comisión en octubre del 2021 y a la que la defensa de Jones Huala ya había apelado en múltiples ocasiones con anterioridad. De hecho, la Comisión de Libertades Condicionales había solicitado a fines de 2020 el primer pedido de libertad condicional, pero fue rechazada por la posición de la gendarmería chilena.
Al respecto, y luego que se diera a conocer la decisión de la Suprema Corte, el gobierno chileno celebró el pedido de prisión a Jones Huala, quien fue extraditado el 11 de septiembre de 2018 a Santiago de Chile.
“Él está condenado en nuestro país por haber sacado una familia con niños, a través de armas de fuego, y luego haber quemado una vivienda en nuestro país. Esa condena se logró luego de que él se fugara a Argentina, que se lograra extraditarlo y juzgarlo en Chile. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó la libertad condicional con la oposición del Ministerio del Interior y la oposición de Gendarmería de Chile”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
“Hoy esa resolución es revocada pero nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde que es privado de libertad para que cumpla su condena en nuestro país”, añadió la autoridad.
En todo caso, la postura del gobierno chileno ha sido enfática con Jones Huala desde el inicio del caso. De hecho, y cuando el lonko recién fue liberado, el propio gobierno chileno solicitó revocar a la libertad condicional de Jones Huala a través de abogados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Defensa de Huala
En una sorpresiva decisión, el activista mapuche nacido en Bariloche cambió su estrategia de defensa y, en vísperas del fallo, despidió a las abogadas que lo representaban ante el máximo tribunal chileno, Karina Riquelme y Patricia Cuevas.
En comunicación con Infobae, Riquelme aseguró que Jones Huala permaneció en Temuco y se presentó ante la Justicia, tal como estaba establecido.
No obstante, por pedido del recluso, Riquelme ya no lo asesora legalmente. “Aclaración: Facundo Jones Huala me solicitó que dejara su defensa el 9 de Febrero, presenté mi renuncia al recurso de amparo que estaba en la corte y notifique a la defensoría penal pública de la situación para que pudiera proteger sus derechos quienes alegaron en la C. Suprema”, publicó en la redes sociales.
