"El nuevo mecanismo de valuación del ABL es aún más regresivo que el anterior. El impacto relativo del aumento será mayor sobre los sectores de ingresos medios y bajos", sostuvo Díaz. Los aumentos aprobados por el oficialismo representan un incremento que en algunos casos supera el 100% para los vecinos del partido. El aumento fue opuesto por siete concejales.
El concejal Carlos Roberto sostuvo "en primer lugar la propia Provincia de Buenos Aires no utiliza el 100 % de la valuación fiscal, sino que según la Ley Nº 13.787 la base imponible para el impuesto inmobiliario es el 60% de la valuación fiscal. Por otra parte no existe ninguna obligación legal para utilizar la valuación provincial, sino que el Municipio como lo viene haciendo hasta ahora, está en condiciones de establecer una base imponible en base a la documentación que posee cada propiedad".
Asimismo en respuesta al vocero del oficialismo que fundamentó su defensa en datos sobre la valuación de las propiedades y en base a la determinación de las zonas, el concejal ratificó que en el debate en la Comisión "se ocultó información a los propios concejales que en varias oportunidades la requirieron y en forma terminante les fue negada".
En la misma sesión, la oposición logró prevenir la delegación de facultades extraordinarias al Departamento Ejecutivo a través de la nueva Ordenanza Fiscal. El proyecto original otorgaba al Ejecutivo municipal facultades tales como "reglamentar y precisar que se entenderá por persona indigente" a los efectos de exenciones tributarias. Sin embargo, no fueron eliminadas algunas normas cuestionadas por los concejales opositores tales como la que permite al ejecutivo delimitar la zona de vías y de estaciones a efectos de exenciones tributarias.
Tampoco fue receptado por el oficialismo la propuesta del concejal Antelo acerca de las exenciones a discapacitados, que hubiera admitido exenciones al ABL para los discapacitados con índices de discapacidad menores al 76%. Al respecto, el concejal Roberto sostuvo "Los discapacitados con un índice mayor al 76% ya están exentos por cobrar una pensión por invalidez. Lo que el oficialismo no contempla es la exención por fines sociales, teniendo en cuenta las dificultades que representa una persona con discapacidad, aún cuando esta sea menor al 76%".
