La frase de José Mayans cayó con fuerza en el Sindicato de Seguros y marcó el tono del encuentro con los jefes de la CGT. “Esto depende de la convicción que ustedes tengan para sobrevivir. Cuando una persona quiere sobrevivir hace cualquier cosa para evitar que la maten”. El mensaje apuntó al corazón de una discusión que la central sindical interpretó como una amenaza directa a su existencia.

La CGT asumió que el debate por la reforma laboral definió su futuro político y sindical. Frente a un Gobierno que buscó avanzar con el apoyo de gobernadores aliados y a sectores gremiales que reclamaron medidas de fuerza, el triunvirato ratificó su decisión de impedir la sanción del proyecto. “Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para evitar que la reforma salga”, repitieron sus dirigentes en distintas reuniones.

Esa postura quedó plasmada en un encuentro reservado con los jefes de bloque peronistas, José Mayans y Germán Martínez. Allí, Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo detallaron el plan de acción. También participaron Paula Penacca y Mariano Recalde, referentes del kirchnerismo en la discusión parlamentaria. El objetivo central fue ordenar una ofensiva política antes del tratamiento en el Senado.

La estrategia incluyó retomar contactos con gobernadores peronistas que mantuvieron diálogo con el oficialismo. La CGT resolvió visitar a Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, quienes en diciembre expresaron cercanía con la central. Luego apuntó a otros mandatarios provinciales como Martín Llaryora, Claudio Vidal y Maximiliano Pullaro, a quienes consideró actores clave en la votación.

En paralelo, la conducción sindical avanzó sobre un terreno inesperado. La CGT selló acuerdos con cámaras empresarias que también cuestionaron aspectos centrales de la reforma. Días antes de la cumbre política, los triunviros se reunieron con representantes de CAME y ADIMRA. De ese encuentro surgió una coincidencia básica: rechazo a un tratamiento acelerado y sin consenso. “Ellos están lejos de los objetivos de la ‘modernización’. Y coinciden con nuestra mirada de que no debe tratarse en forma apresurada e inconsulta”, explicó un dirigente sindical.

Aunque entidades como la CAC y la UIA respaldaron el rumbo general del proyecto, dentro del empresariado aparecieron reparos fuertes, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas. Esos sectores compartieron con la CGT la preocupación por cambios que alteraron el marco de negociación laboral.

El punto más sensible fue la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos. El artículo 161 del proyecto puso fin a la vigencia automática de los acuerdos hasta su reemplazo. El Gobierno aclaró que el cambio alcanzó solo a cláusulas obligacionales, pero la CGT alertó por el impacto sobre las cuotas solidarias. Las empresas, en tanto, advirtieron sobre posibles vacíos legales y mayor litigiosidad.

Otro eje de rechazo común fue la eliminación de la primacía de los convenios por actividad frente a los de empresa. Para los sindicatos, esa modificación debilitó la negociación colectiva. Para las medianas empresas, abrió un escenario de competencia desigual según la fortaleza de cada comisión interna.

La lista de objeciones incluyó además la eliminación de aportes patronales a asociaciones empresarias y la facultad otorgada a la Secretaría de Trabajo para frenar homologaciones de convenios. Todos esos puntos llegaron a la asesora laboral de Patricia Bullrich en el Senado, Josefina Tajes.

Mientras la CGT tejió alianzas, el peronismo miró con desconfianza los movimientos de la central. En sectores kirchneristas predominó la sospecha de una negociación selectiva con el Gobierno. La hipótesis fue clara: la CGT priorizó los derechos colectivos y dejó en segundo plano los individuales, como indemnizaciones o vacaciones. Esa lectura circuló con fuerza en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner.

“La CGT está desesperada por negociar con el Gobierno”, sostuvo un referente del kirchnerismo. En esa línea, varios legisladores evaluaron que la dureza sindical dependió de la respuesta del oficialismo a sus reclamos.

La presión también llegó desde abajo. Sindicatos industriales y estatales empujaron la idea de un paro general antes del debate en el Senado. Abel Furlán, titular de la UOM, reunió a gremios del sector y luego coordinó acciones con Rodolfo Aguiar, de ATE. La CTA anunció una reunión para definir medidas y evaluó una huelga nacional.

La CGT no descartó esa opción, aunque mostró cautela. La última movilización, el 18 de diciembre, logró postergar el tratamiento del proyecto. Algunos dirigentes apostaron a repetir ese efecto. Otros dudaron del clima social y aguardaron una señal del Gobierno. El desenlace quedó abierto, con un escenario cargado de tensiones y una reforma que avanzó entre resistencias cruzadas.