La CGT apuesta a sumar aliados inesperados entre las cámaras empresariales para bloquear o demorar la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que será tratada en el Senado. Mientras mantiene conversaciones con sectores de la Casa Rosada, celebra la fractura que el proyecto oficial generó entre las entidades patronales y que podría fortalecer su estrategia.

Los jefes sindicales buscan que la iniciativa no se discuta en sesiones extraordinarias y pase a las ordinarias, con la intención de ganar tiempo y esperar a que, desde marzo, el presidente, Javier Milei enfrente un escenario económico más complejo que debilite sus respaldos parlamentarios. Además, continúan los contactos políticos con figuras como Santiago Caputo, los Menem y Diego Santilli.

En ese marco, la CGT profundizó el acercamiento con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). Las tres entidades cuestionan el proyecto porque limita los aportes compulsivos fijados en los convenios colectivos, que ya habían pasado a ser voluntarios en marzo mediante el decreto 149 impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Esa postura terminó de romper la unidad empresarial frente a la reforma. El respaldo más firme al proyecto oficial proviene de la Unión Industrial Argentina (UIA), que conduce Martín Rappallini, junto con la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA).

Desde esos sectores críticos, CADAM cuestionó con dureza los aportes obligatorios, como el que rige en el convenio mercantil para el Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP). “Esos fondos se redistribuyen en gran parte entre la CAC y la CAME con el argumento de capacitación y fortalecimiento institucional, y esto implica que con cada aumento salarial estas entidades se ‘autobenefician’ con una mayor recaudación, siendo al mismo tiempo actores centrales de la negociación: las paritarias se han transformado en una mesa de amigos”, expusieron ante el Senado.

En el ámbito metalúrgico, ADIMRA también se veía beneficiada por un aporte obligatorio del 1 % de las remuneraciones brutas, lo que generó conflictos con empresas y el rechazo de pymes nucleadas en CAMIMA. Algunas incluso recurrieron a la Justicia y obtuvieron fallos favorables.

La semana pasada, CAMIMA y AFAC respaldaron públicamente la reforma laboral y criticaron a las entidades que se oponen. Señalaron que el proyecto «defiende el derecho a la libertad de elección de las empresas con respecto a qué entidades adherirse, sin la existencia de aportes compulsivos que sólo buscan proteger privilegios monetarios que contaminan la institucionalidad de la representatividad empresaria».

Mientras tanto, la CAC, la CAME y ADIMRA insistieron con sus reclamos ante el Gobierno y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y advirtieron que eliminar esos aportes podría derivar en una judicialización de la reforma, ya que se trata de cláusulas pactadas en convenios colectivos. Es el mismo razonamiento que esgrime la CGT para defender las cuotas solidarias sindicales, que también quedarían limitadas si avanza la iniciativa oficial.

Por eso, sindicalistas y empresarios críticos del proyecto encontraron un interés común. En ambos sectores creen que, si el Gobierno acepta preservar las cuotas solidarias de los gremios, podría hacer lo mismo con los aportes que defienden la CAC, la CAME y ADIMRA. En la Casa Rosada, en cambio, recuerdan que Sturzenegger puso siempre el foco en desarmar esas “cajas”, que solo en Comercio representarían unos $68.000 millones anuales, y buscan convertir en voluntarios esos descuentos mediante la reforma laboral.