La CGT sigue con atención una negociación silenciosa con un sector “dialoguista” del Gobierno, que podría derivar en cambios importantes en el proyecto de reforma laboral. Según fuentes al tanto de las conversaciones, ya habría un principio de entendimiento para suprimir varios artículos y suavizar otros, especialmente los vinculados al derecho colectivo, como la prioridad de los convenios nacionales frente a los acuerdos por empresa. En la “mesa chica” de la central también se mencionó como posible avance la exclusión del recorte de un punto —del 6% al 5%— en las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales sindicales.

El intercambio se extendió durante varios días y tomó mayor ritmo la semana pasada. En esa etapa, tuvieron un rol central el asesor Santiago Caputo, la senadora oficialista Patricia Bullrich y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes actuaron como voceros de Karina Milei. Del lado sindical, encabezaron la participación figuras históricas como Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y el triunviro Cristian Jerónimo (Seivara), entre otros. De ese marco de acuerdos preliminares también se desprendió la decisión del Consejo Directivo de convocar a la movilización al Congreso de este miércoles, sin paro nacional.

El punto que más celebraron internamente los dirigentes fue el que tocaba de lleno el financiamiento de las obras sociales. El recorte del aporte del 6% al 5% representa, según estimaciones, alrededor de 800 millones de dólares anuales, un golpe directo para las prestadoras con mayor cantidad de afiliados, como las de Comercio, Uocra, UPCN, Camioneros y peones rurales.

Para los gremios se trata de una cuestión clave. Las obras sociales —que atienden a unos 17 millones de argentinos— ya arrastraban un deterioro profundo por múltiples factores: la caída del empleo registrado y su reemplazo por formas de trabajo cuentapropista; la pérdida del poder adquisitivo por la inflación; y la recesión, con impacto directo sobre el consumo y la actividad. A eso se sumaron el encarecimiento en dólares de los medicamentos y el crecimiento sostenido del peso de las prestaciones por discapacidad dentro del gasto total del sistema.

La discusión también dejó saldo favorable para los sindicalistas en el capítulo más sensible del derecho colectivo, donde cuestionaban artículos que afectaban la representación y el derecho de huelga. El texto oficial propone alterar el esquema tradicional de jerarquías en los convenios: en lugar de priorizar los acuerdos de mayor alcance, invierte el orden y coloca por encima a los de menor nivel. En la práctica, si hoy el convenio nacional funciona como base del resto, la iniciativa libertaria pretende que la prioridad sea para los convenios por empresa, provincia o región, en línea con la orientación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Si finalmente ese artículo se elimina, la CGT podría anotarse un triunfo, aunque no sería el único sector beneficiado. Varias cámaras empresarias también intervinieron para bloquear ese punto. Entidades como la CAC, la CAME y la metalúrgica Adimra enviaron notas a legisladores y gobernadores para frenar la medida, bajo el argumento de que altera el orden histórico de la negociación colectiva y podría aumentar la conflictividad e incluso la inseguridad jurídica.

Otro de los ejes discutidos fue la posibilidad de modificar el listado de actividades esenciales, que en el proyecto quedarían sujetas a restricciones máximas para ejercer el derecho de huelga, con obligación de sostener el 75% de cada servicio. En ese tramo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, actuó como mediador con la idea de trasladar algunas actividades al listado de las de “importancia trascendental”, que exige mantener el 50% del servicio, y retirar otras del texto definitivo.

En cambio, la negociación no avanzó con el mismo nivel de intensidad sobre aspectos del derecho individual del trabajo. Por ahora, no se registraron mayores concesiones ni planteos centrales sobre medidas como los bancos de horas —que permitirían extender la jornada hasta 12 horas—, el fraccionamiento de vacaciones o la imposición de un tope para las indemnizaciones.