La caída de fondos y obras paralizadas tensan el vínculo Nación-provincias. El Gobierno dilata una reunión clave en plena cuenta regresiva electoral
Las autoridades nacionales y provinciales intentan retomar un canal de diálogo tras un evidente deterioro en la relación institucional. Según los mandatarios provinciales, el vínculo se rompió por los recortes que impulsó el gobierno de Javier Milei en materia de transferencias y obras públicas, así como por la falta de acciones para contener la caída en los ingresos coparticipables que reciben las provincias.
Este lunes, un grupo de gobernadores tenía previsto asistir a la Casa Rosada con el objetivo de plantear en forma directa sus reclamos, compartidos por un amplio espectro de mandatarios. Sin embargo, a último momento, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, decidió posponer la audiencia.
Desde Balcarce 50 justificaron la postergación con el argumento de que los gobernadores iban a presentar propuestas vinculadas a lo tributario y fiscal, por lo que Francos prefería concretar el encuentro con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, actualmente fuera del país por un viaje oficial. Se evaluó la posibilidad de que participara vía Zoom, pero finalmente se descartó.
Desde la Jefatura de Gabinete no informaron una nueva fecha para el encuentro. “Vamos viendo”, fue la escueta respuesta. No obstante, la posibilidad de realizar la reunión esta misma semana aún está en pie. Aunque podían asistir otros funcionarios del área económica, está claro que Guberman es la figura clave en cuestiones fiscales.
“Se posterga la reunión. Ellos van a plantear temas tributarios y el Secretario de Hacienda está fuera del país”, confirmó una fuente oficial consultada por Infobae. Algunas provincias consideraron válida la razón esgrimida. “Parece un motivo razonable, aunque es una falta de respeto la poca antelación”, reprocharon otras voces provinciales.
Entre los mandatarios que se esperaban en la frustrada reunión estaban Axel Kicillof (Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Corrientes) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quien había solicitado el encuentro en forma directa a Francos. La nómina de asistentes no estaba cerrada y podía modificarse.
La semana pasada, 18 de los 24 gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Allí evaluaron un informe del Consejo Federal de Impuestos, que proyecta una caída del -4,2% en los recursos automáticos de la Coparticipación para 2025, si el Ejecutivo no introduce cambios.
Desde el entorno de un gobernador patagónico sintetizaron el malestar: “Esto se produce por una baja en la recaudación de impuestos nacionales. Es responsabilidad de Nación, al igual que la falta de mantenimiento de rutas, de obras estratégicas, de la desinversión de obras y los problemas que tenemos para tramitar endeudamientos a través de la Secretaría de Hacienda”.
La merma en los recursos coparticipables es el problema más urgente y, al mismo tiempo, el más difícil de resolver. La caída proyectada equivale a 2,5 billones de pesos, o un 0,3% del Producto Bruto Interno.
El conflicto es complejo porque requeriría revisar aspectos de la política tributaria que ejecuta el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, un área donde Milei ejerce un control directo. Nada indica que el Presidente esté dispuesto a modificar su esquema económico.
El informe de la Comisión Federal de Impuestos advierte que la Coparticipación representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, y superó el 60% en 12 jurisdicciones.
“Sabemos que nos van a venir a hablar con lo que conversaron en el CFI”, comentaron en los pasillos de la Casa de Gobierno. El reporte al que hacen referencia responsabiliza a las “decisiones de política tributaria del Gobierno nacional” como factor determinante de la merma.
Entre esas medidas se destacan:
- la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión del Impuesto a las Ganancias y del IVA,
- los cambios en el cálculo de anticipos de Ganancias para sociedades,
- el aplazamiento en la actualización del impuesto a los combustibles,
- y la rebaja o eliminación de impuestos internos a productos importados como celulares, televisores y aires acondicionados.
Además, el informe señala que en 2024 hubo ingresos no recurrentes, como los aportes del REIBP o el pago excepcional del Impuesto a las Ganancias por parte del sector financiero. También apunta que la lenta recuperación del consumo golpea la recaudación del IVA, que cayó un 1,9% en abril si se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en una economía que crece alrededor del 5%.
Las provincias consideran clave reactivar la obra pública y mejorar las transferencias no automáticas. Si bien en 2025 hay una ejecución algo mayor que en 2024, sigue siendo muy inferior a los años anteriores. Además, solo un puñado de jurisdicciones recibió Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Pero estas políticas chocan con dos pilares del plan económico: el equilibrio fiscal —uno de los compromisos asumidos por el oficialismo libertario— y la política monetaria, que limita la emisión de pesos.
La eventual presencia de Guberman en la próxima reunión podría ofrecer una visión más realista sobre los márgenes del Gobierno para atender las demandas provinciales. Sin embargo, aún no está claro si existe la voluntad política para ello.
Uno de los pedidos centrales será el cumplimiento de la asignación de fondos para el mantenimiento de rutas, justificados por el impuesto a los combustibles.
Todo esto ocurre en un contexto marcado por el inicio del calendario electoral nacional, que culminará en los comicios generales del 26 de octubre. Cada provincia vive su propio escenario, pero varios gobernadores ya comenzaron a tender puentes con La Libertad Avanza.
Entre los que lograron vínculos más fluidos se encuentran Gustavo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En cambio, la relación entre Alfredo Cornejo (Mendoza) y el Gobierno nacional es mucho más tensa. En Buenos Aires, donde la candidatura de Cristina Kirchner concentra la atención, es previsible que el oficialismo evite ceder fondos o responder a reclamos puntuales.
Simultáneamente, el Gobierno busca asegurar respaldo legislativo en el Congreso de la Nación, esencial para avanzar en su agenda de reformas. La semana pasada, algunos gobernadores facilitaron la aprobación de iniciativas opositoras en la Cámara de Diputados, que afectan las cuentas públicas.
“No estamos preocupados de que hayan hecho eso. Ni nos esforzamos en pedirles un favor, estamos guardando esa carta para más adelante”, dijo sin vueltas una fuente del núcleo duro de La Libertad Avanza.
Aunque sin presión explícita desde el Ejecutivo, varios mandatarios provinciales prefieren no alinearse plenamente con la agenda libertaria. Alegan que sus planteos solo encuentran interlocución en Guillermo Francos o en el asesor presidencial Santiago Caputo, pero siguen sin obtener respuestas concretas. Desde el entorno libertario lo reconocen con crudeza: “Su deuda está atada a la nuestra, a ellos les conviene votarnos los cambios clave a pesar de que no le damos lo que quieren”.
