A pocos días del comienzo de agosto, en el horizonte del Senado aparecen las nuevas luchas que el oficialismo tendrá que enfrentar en el segundo semestre. En la agenda figuran la reforma política con la boleta única de papel (BUP), la reforma jubilatoria y el debate de los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema. La Fase 2 del Gobierno también se jugará en el Congreso y hay promesa de partido con la oposición.

Luego de un receso de dos semanas, el Senado de la Nación volverá a moverse. Con la aprobación de la ley Bases y el apquete fiscal, la adminsitración de Javier Milei ganó un round importante para su plan de gobierno. Ahora la disputa legislativa de proyectos retomará el sendero de la actividad.

Senado: se discutirá la boleta única de papel

Entre los principales ejes de discusión que tendrá el Senado aparece la iniciativa de modificación para aplicar la boleta única de papel (BUP) como nuevo método de votación.

El consenso para que el proyecto que implanta la votación mediante la BUP llegue al recinto del Senado empezó a tomar forma en las últimas dos semanas, tras más de seis meses de estancamiento.

Las negociaciones oficiales podrían quedar plasmadas en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, que podría realizarse en agosto. Allí, convergerían las diferencias que existen entre los dos despachos que obtuvo el proyecto el pasado 10 de enero.

Aquella reunión plenaria concluyó con la firma de un dictamen de mayoría que tuvo el acompañamiento del bloques federales, La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Por otro lado, la senadora Mónica Silva (Río Negro) impulsó otro de minoría con el apoyo del kirchnerismo y del senador Carlos Arce (Misiones)

Tanto Silva como Arce, sumada la senadora Sonia Rojas Decut (Misiones), forman parte de la denominada «oposición dialoguista» de la Cámara alta y son clave para el oficialismo a la hora de la construcción del quórum y de las mayorías mínimas constitucionales que se necesitan, dependiendo el caso, para aprobar un proyecto.

Sin el apoyo de estos tres senadores, el poroteo con respecto a la BUP queda empardado en 36 votos para cada lado y sin posibilidad de que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, pueda desempatar al tratarse de un electoral.

 

Jubilaciones: el proyecto de reforma previsional que le da dolores de cabeza a Javier Milei

 

El pasado 4 de julio, con el apoyo de los bloques dialoguistas, el oficialismo senatorial neutralizó el intento del kirchnerismo por tratar la movilidad jubilatoria sobre tablas. Fue gracias a la moción de preferencia que propuso votar el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado, Eduardo Vischi (Chaco).

Ése mediodía, Vischi pidió que el proyecto, que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y inició su recorrido en el plenario de comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda, tenga un trato preferencial en la próxima sesión que sería llamada para la primera quincena de agosto.

La acción de los dialoguistas tuvo como objetivo rescatar a La Libertad Avanza de la embestida K para avanzar en la iniciativa. El movimiento anticipatorio fue repudiado por el bloque K, que necesitaba de dos tercios para encarar su discusión sin el despacho correspondiente.

El proyecto de movilidad jubilatoria propone un incremento del 8,1 por ciento los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5 por ciento para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6 por ciento en enero.

El proyecto que roza el caso Loan

En la misma sesión, los senadores debatieron el proyecto se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprime con prisión de 3 a 10 años a «quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad».

La iniciativa fue aprobada en general por con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones y se concretó en medio de la desaparición del niño correntino Loan Danilo Peña. No obstante, por las divergencias en algunos artículos, el cuerpo mocionó en favor del regreso a comisión del proyecto en la cual ya se realizó un primer encuentro.

El cambio prevé prisión de 4 a 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un «precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».

En esa línea, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de «5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa».

Corte Suprema: pliegos de candidatos del Poder Ejecutivo

 

Más allá de estos tres proyectos, el Senado será observado porque la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación recibirá el próximo 21 y 28 de agosto a los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por Milei.

El juez federal Ariel Lijo y el constitucionalista Manuel García Mansilla tendrán sus respectivas audiencias públicas en las que pasarán, o no, el filtro de la Cámara alta.

A pesar de ser una figura controvertida y resistida, el pliego de Lijo parece -a priori- el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los dialoguistas y el propio oficialismo. García Mansilla genera, según comentaron a NA, resistencia por su perfil conservador.

De hecho, la semana pasada Tagliaferri oficializó la apertura del proceso de adhesiones e impugnaciones a las candidaturas de ambos y Lijo ya recibió dos importantes y del seno político: una del riñón de de la Unión Cívica Radical y otra de la Coalición Cívica (CC), de Elisa Carrió.

El presidente segundo de la UCR, Luis Naidenoff, impugnó a Lijo y afirmó que su postulación «es una cachetada» para el electoral de Milei. Por su parte, la CC argumentó que el magistrado manifiesta falta de «idoneidad técnica, jurídica y profesional así como la evidente carencia de condiciones éticas y morales».