Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir la condena a prisión en su departamento de la calle San José 1111 sin pasar por los tribunales de Comodoro Py. La decisión respondió a un acuerdo implícito entre funcionarios del Gobierno nacional, dirigentes del peronismo y miembros del Poder Judicial. Las partes involucradas prefirieron evitar una escena de alto impacto institucional y mediático.

Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich transmitió a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que la opción menos riesgosa era conceder el arresto domiciliario sin traslado. Argumentó que, si la expresidenta se presentaba personalmente en Comodoro Py, se generaría una movilización masiva difícil de contener. El mismo mensaje transmitió Sebastián Amerio, número dos del Ministerio de Justicia. La familia Kirchner también intervino. El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, se contactó con referentes judiciales para garantizar que, en caso de que se le concediera el beneficio, Cristina mantendría un comportamiento respetuoso de las condiciones impuestas.

Pese al malestar que generó esa presión entre los magistrados, el TOF 2 resolvió comunicarle las condiciones de la detención por vía virtual. Durante la tarde del martes, personal de la Policía de la Ciudad acudió al domicilio de la expresidenta. Le tomaron las huellas digitales y confeccionaron el acta correspondiente en presencia de dos testigos.

La militancia del peronismo kirchnerista ya se encontraba en estado de alerta. La posibilidad de una marcha hacia los tribunales había provocado inquietud entre jueces y fiscales. Finalmente, el acto fue suspendido. “No habrá marcha a Comodoro Py”, anunció el senador José Mayans tras salir de la sede del Partido Justicialista en la calle Matheu. La decisión fue producto de una serie de conversaciones paralelas que incluyeron a funcionarios del Ministerio de Seguridad, a autoridades de la Ciudad y a dirigentes de La Cámpora.

Mayra Mendoza y Juan Martín Mena coordinaron con representantes del Gobierno la postergación de una movilización prevista en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta. El compromiso se cumplió. Mendoza declaró que “Cristina no puede salir al balcón” y confirmó que el operativo sería contenido para evitar mayores tensiones. Al caer la noche, quedó definido que la militancia se movilizaría hacia Plaza de Mayo. La decisión también fue respaldada por la senadora Teresa García, quien declaró ante la prensa desde la puerta del PJ.

La organización del operativo no solo incluyó la decisión sobre el lugar. También se discutió la hora y el recorrido de una eventual marcha. Las autoridades porteñas mantuvieron abiertos canales de comunicación con dirigentes kirchneristas por si Cristina debía concurrir finalmente a Comodoro Py. Esa posibilidad generaba alarma en el edificio judicial.

La escena de una expresidenta condenada llegando a los tribunales rodeada de miles de militantes podía detonar una situación crítica. Los funcionarios judiciales prefirieron evitarla. Los dirigentes oficialistas aceptaron resignar una postal épica a cambio de garantizar un esquema de mayor control. El Gobierno se aseguró de prevenir disturbios.

Así, las distintas partes involucradas optaron por una resolución que les permitiera conservar cierta estabilidad. No hubo triunfos absolutos, pero se desactivó el escenario más temido. La esquina de San Juan y San José, donde el PJ planeaba reunir a su militancia, quedó despejada. La actividad en el barrio cambió desde que se instaló la custodia permanente frente al departamento donde Kirchner cumple su condena.

La decisión del TOF 2 incluyó una serie de restricciones: reducción de visitas, monitoreo mediante tobillera electrónica y una advertencia expresa para evitar incidentes con los vecinos. La conducta de la expresidenta será evaluada por las autoridades penitenciarias. Cualquier incidente podría alterar las condiciones del arresto.

En el trasfondo, los actores de esta trama acordaron mantener en reserva los detalles de lo pactado. Pero la sucesión de hechos dejó en evidencia que hubo un diálogo previo. Las declaraciones públicas llegaron después, cuando la situación ya se encontraba resuelta. La noticia del arresto domiciliario se conoció sin sobresaltos. La Plaza de Mayo, una vez más, quedó como escenario simbólico del apoyo político. Comodoro Py, en cambio, evitó convertirse en el epicentro de un conflicto de alto voltaje institucional.