El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volverá a ir mañana a la Corte para reclamar por la deuda de 2,2 millones de millones de pesos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene con el Estado bonaerense.

La cifra de $ 2,2 billones es sostenida por la Provincia, pero aún no admitida por la ANSES, que, apurada por la Justicia, argumentó que no tenía información suficiente para determinar el monto de la deuda.

Ocurre que, en 2024 y a través de un decreto, el gobierno de Javier Milei suspendió las transferencias de la entidad nacional a las provincias destinadas a cubrir los déficit de las diversas cajas jubilatorias. Ese decreto es el que el gobierno de Kicillof cuestiona en sede judicial, buscando que se declare inconstitucional.

El gobierno bonaerense presentó su demanda en abril de aquel año. La causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 17 de marzo hubo una primera audiencia, en la que la ANSES dijo que no tenía la información suficiente. Entonces la Corte le puso un plazo de 30 días para realizar las verificaciones del caso.

En la audiencia de mañana, Kicillof espera obtener una decisión favorable de los jueces supremos: una medida cautelar que obligue a la ANSES a reiniciar los pagos suspendidos, aun mientras se sigue debatiendo el fondo de la cuestión, es decir, la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 280/2024.

La Provincia afirma que el gobierno nacional le debe 20 billones de pesos más, por el recorte de distintas transferencias dispuestas por ley, pero cada reclamo debe tramitarse por separado. En este caso, buscan que se cumplan las disposiciones de la ley 27.701, de presupuesto nacional para 2023.

La puja con la ANSES es otro de los muchos frentes de batalla en los que Kicillof se enfrenta a Milei. Otro es la pelea por quién se hace cargo de obras necesarias en rutas nacionales que fueron desatendidas por la Nación al cortarse la obra pública. La empresa estatal bonaerense Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) fue excluida de la licitación por un tramo esencial entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el aeropuerto de Ezeiza, y la PBA también se quedó afuera de un esquema para autorizar a jurisdicciones provinciales a concesionar tramos de rutas nacionales bajo el sistema de peaje.