El oficialismo demora la presentación de la reforma electoral mientras busca ampliar los consensos con los gobernadores. En la Casa Rosada reconocen que la iniciativa aún requiere ajustes, pero confían en destrabar las negociaciones
Aunque la reforma electoral continúa siendo una de las prioridades de Karina Milei, en la Casa Rosada reconocen que el proyecto todavía no está listo para avanzar en el Congreso. Mientras las conversaciones con los gobernadores siguen abiertas, el Gobierno evita mostrar la versión definitiva de la iniciativa y apuesta a reservar sus concesiones hasta el momento previo al debate parlamentario.
En el oficialismo admiten que persisten dudas entre los mandatarios provinciales porque aún no circula el texto con las modificaciones que analiza el Ejecutivo. La principal variante sería abandonar el objetivo inicial de eliminar las PASO para pasar a una suspensión del mecanismo. Sin embargo, en Balcarce 50 descartan anticipar el contenido del proyecto. “Como saben que van a haber cambios, todo el mundo quiere ver la letra final ya plasmada. No va a pasar”, resumieron desde el entorno presidencial.
El Gobierno tampoco oculta su preocupación por la falta de respaldos suficientes, pese a las gestiones que Diego Santilli viene realizando desde hace meses con distintos gobernadores. Aun así, descartan acelerar el proceso. “No vamos a apurar. No está cerrada la discusión”, sostuvo un funcionario, que además negó por ahora la posibilidad de que Karina Milei, Diego Santilli o el propio Javier Milei recorran las provincias para destrabar personalmente las negociaciones.
La intención original del oficialismo era llevar el proyecto al recinto durante agosto. No obstante, en la Casa Rosada ya consideran probable que el tratamiento recién pueda concretarse en septiembre.
En paralelo, una de las alternativas que había circulado durante los primeros meses del debate perdió fuerza. La posibilidad de habilitar colectoras quedó prácticamente descartada y la negociación con las provincias pasó a concentrarse en herramientas tradicionales, como la ejecución de obras públicas, la asistencia financiera y lo que dentro del Gobierno denominan “fair play electoral”. Esa idea comenzó a instalarse especialmente entre los gobernadores del norte, donde algunos acuerdos permanecen en etapa inicial y otros ya tendrían un entendimiento político de palabra.
«No es que no haya posibilidad», señaló con cautela uno de los armadores consultados.
Dentro del oficialismo apenas reconocen algún retraso en las conversaciones sobre la reforma electoral, que todavía no inició su tratamiento formal en comisión y solo tuvo una reunión informativa con la directora nacional electoral, Luz Landívar. Sin confrontar con la política de equilibrio fiscal impulsada por Javier Milei y Luis Caputo, algunos dirigentes admiten en privado que la cuestión económica influye en las negociaciones, ya que muchos gobernadores carecen de incentivos para acompañar la iniciativa sin mecanismos de asistencia financiera.
No obstante, puertas adentro prefieren atribuir las dificultades a un escenario político más amplio y sostienen que responden a “una dinámica más general del Congreso”. En ese análisis también vuelven a responsabilizar a Manuel Adorni por parte de las complicaciones acumuladas en la agenda parlamentaria.
Según la descripción de un funcionario nacional, durante unos 70 días el Congreso fue “un hervidero”, situación que demoró el avance de varios proyectos. Entre ellos mencionan la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate volvió a frenarse por falta de apoyos; la ley Hojarasca, que aún no obtuvo sanción definitiva, y la modificación del régimen de Zonas Frías.
Pese a ese panorama, el oficialismo asegura que la reforma electoral sigue vigente. “Pase lo que pase, no van a haber PASO el año que viene”, afirmó un importante asesor del Gobierno.
En cuanto a los apoyos, la Casa Rosada cuenta como aliados firmes a Raúl Jalil (Catamarca), quien ya expresó públicamente su respaldo. También confían en sumar próximamente a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y, posiblemente, a Hugo Passalacqua (Misiones). Respecto de Gustavo Sáenz (Salta), consideran que mantiene una posición oscilante, aunque creen que finalmente acompañará la propuesta oficial.
El Gobierno también observa otra dificultad: varios diputados provinciales no responden políticamente a sus gobernadores y mantienen posiciones propias. Se trata de dirigentes que conducen espacios internos y consideran que las PASO siguen siendo una herramienta útil para disputar poder dentro de sus partidos, por lo que no están dispuestos a resignarlas.
En el relevamiento que maneja el oficialismo aparecen como distritos favorables San Juan, Catamarca, Entre Ríos, Chaco y Tierra del Fuego. También aseguran contar con el respaldo de Juan Pablo Valdés (Corrientes) y de Ignacio «Nacho» Torres (Chubut).
Entre los gobernadores vinculados al antiguo Juntos por el Cambio, las principales incógnitas pasan por Carlos Sadir (Jujuy), a quien consideran aún «convencible», y por Claudio Vidal (Santa Cruz), que todavía no fijó una posición definitiva.
En cambio, en la Casa Rosada prácticamente descartan sumar a Sergio Ziliotto (La Pampa), a quien atribuyen una postura alineada con el PJ nacional más que con la discusión específica sobre las PASO.
Mientras el calendario avanza, el oficialismo apuesta a que varios gobernadores definan su postura recién en la etapa final de la negociación. Convencidos de que muchos mandatarios “juegan al distraído”, en la Casa Rosada decidieron mantener bajo reserva el contenido definitivo del proyecto hasta los días previos al debate en el Congreso.
