El recambio del Consejo de la Magistratura empieza a agitar el tablero político puertas adentro del oficialismo y promete sumar un nuevo foco de conflicto en la cúpula libertaria. Con la próxima renovación del organismo que define la selección y remoción de jueces, Karina Milei activó una estrategia para reforzar su gravitación sobre un área clave como la Justicia, un movimiento que, además de reordenar poder, anticipa tensiones con el asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante este año deberán renovarse los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, y en el Gobierno ya comenzaron a delinear los nombres con la mira puesta en asegurar perfiles alineados. La maniobra responde a una decisión política que se cocina en la mesa chica del oficialismo, donde la secretaria general de la Presidencia concentra cada vez más peso. De acuerdo a fuentes oficiales consultadas, Karina Milei busca conducir de manera directa la estrategia judicial y ya puso en marcha a su equipo para avanzar en ese objetivo.

El Consejo de la Magistratura cumple un rol central en el engranaje judicial: aprueba concursos, eleva al Poder Ejecutivo las ternas vinculantes de aspirantes a magistrados y define la apertura de procesos disciplinarios, suspensiones preventivas y acusaciones contra jueces. Con un elevado número de vacantes en los tribunales, la composición del organismo suma una relevancia política adicional.

Actualmente, el cuerpo está integrado por 19 consejeros, además de su presidente, el titular de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosatti. Uno representa al Poder Ejecutivo; cuatro al Poder Judicial; cuatro son abogados con matrícula federal; dos pertenecen al ámbito académico y científico; y los ocho restantes provienen del Poder Legislativo, divididos en partes iguales entre Diputados y el Senado.

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza (LLA) busca quedarse con los dos lugares que corresponden al bloque más numeroso. En el oficialismo descuentan la continuidad del cordobés Gonzalo Roca, uno de los actuales consejeros libertarios. El segundo casillero todavía está en definición, aunque aparece como alternativa el mendocino Álvaro Martínez, suplente de Roca, valorado dentro del espacio por su lealtad, una condición clave en el armado libertario.

La discusión también deja al descubierto las tensiones internas del principal bloque opositor. Por los otros dos representantes de Diputados se abre una pulseada en Unión por la Patria (UP), donde conviven distintos sectores del peronismo. Hoy, el kirchnerismo retiene cuatro asientos en el Consejo, todos alineados con Cristina Kirchner: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por Diputados, y Anabel Fernández Sagasti junto a Mariano Recalde por el Senado.

Mientras que en la Cámara alta el kirchnerismo aún podría sostener su peso si logra frenar el avance libertario, en Diputados parte con desventaja. El escenario más factible es que solo acceda al lugar correspondiente al segundo bloque en cantidad de bancas. Con un kirchnerismo en retroceso, la disputa interna amenaza con profundizarse. “Nosotros vamos a opinar”, advirtió un dirigente del Frente Renovador.

Una de las salidas que gana terreno es la eventual fragmentación del bloque. Las diferencias políticas ya anticipan ese desenlace, aunque el pragmatismo aparece como el motor principal. Bajo ese esquema, el kirchnerismo conservaría un representante y otra expresión del peronismo ocuparía el lugar restante, correspondiente a la tercera fuerza. Para evitar impugnaciones judiciales, la división debería ser explícita y formal, y no meramente instrumental.

En el Senado, el oficialismo también apunta a ampliar su bloque para transformarse en la primera minoría y asegurarse dos consejeros. Allí, la postulante natural es la neuquina Nadia Márquez. La pastora evangélica había sido sondeada para la presidencia provisional de la Cámara, aunque ese puesto quedó, por ahora, en manos de Bartolomé Abdala. Márquez cuenta con buen respaldo dentro del universo libertario: se alineó como secretaria parlamentaria del bloque de Diputados y es una dirigente cercana a Karina Milei y a los Menem.

El nombre del segundo consejero por el Senado, si el oficialismo logra ese objetivo, quedará atado a los acuerdos políticos que permitan ampliar su base parlamentaria.

El representante del Poder Ejecutivo

La pelea por el Consejo de la Magistratura también proyecta un nuevo capítulo en la interna libertaria. Hoy, el representante del Poder Ejecutivo es Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza de Santiago Caputo. Su continuidad abre una disputa directa con Karina Milei, que busca limitar el margen de acción del asesor presidencial en el ámbito judicial.

En ese marco, comenzó a sonar el nombre del abogado Santiago Viola como eventual reemplazante de Amerio. Viola, apoderado de LLA, ya había sido evaluado para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), aunque en esa oportunidad fue desplazado por Mónica Almada, una designación que generó controversia.

Los cambios en el Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, no serían inmediatos. En el oficialismo prevén postergar la discusión hasta marzo, una vez finalizadas las sesiones extraordinarias, período en el que esperan avanzar con las reformas laboral y penal juvenil.

Mientras tanto, la secretaria general comenzó a allanar el camino. El 20 de enero, Manuel Adorni, uno de sus aliados más cercanos, oficializó un aumento del 280% del presupuesto del Poder Judicial: $28.973.850.716 destinados al inciso 4 (bienes de uso) del presupuesto del Consejo de la Magistratura. Según fuentes judiciales, tanto la Corte Suprema como el Consejo encontraron en Adorni “un canal de diálogo” para atender las demandas de infraestructura y tecnología de los tribunales federales y nacionales en todo el país.