El pasado 8 de noviembre un número importante de argentinos reclamó -en las calles y desde sus hogares- por la inseguridad y la inflación, pero también pidió por la independencia de la Justicia.

Algunos lo hicieron comprendiendo el rol que el principio republicano de la división de Poderes cumple como resguardo al abuso de los gobiernos, pero la enorme mayoría no necesitó encontrar fundamento en este complejo mecanismo institucional para reclamar que exista una Justicia independiente que resguarde sus derechos ante el evidente crecimiento del poder del Gobierno.

Respecto de los dos principales reclamos, seguramente nada hará el kirchnerismo porque los desconoce, pero con la independencia de la Justicia se espera algo mucho peor que la inactividad.

“Con este cambio la representación gubernamental quedará a un paso del quórum propio”

Se espera un mayor avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que en mucho ya se apreció en la remoción del juez y el fiscal que investigaban al Vicepresidente, y del procurador Righi y la postulación de Reposo en su reemplazo. Y se aprecia en la obscena injerencia del gobierno nacional en la causa por la aplicación de la Ley de Medios, a través del hostigamiento a los distintos jueces que les tocó o les tocará intervenir y a los miembros del Consejo de la Magistratura que se oponen al nombramiento para esa causa de un juez que responda al Gobierno.

UNA AVANZADA EN LINEA CON LA EMBESTIDA A NIVEL NACIONAL

Es en el marco de ese plan orquestado para consolidar un poder ilimitado y hegemónico al amparo de mayorías electorales ya lejanas, y en línea con la política de debilitamiento institucional y avasallamiento de la independencia de Poderes impulsada desde el gobierno nacional, que se explica el proyecto de ley impulsado por el vicegobernador Gabriel Mariotto para reducir la cantidad de miembros Consejo de la Magistratura bonaerense, el órgano que tiene la sensible responsabilidad de designar a los jueces y fiscales de probada idoneidad, imparcialidad e independencia.

La propuesta que promueve el delegado del gobierno nacional, que también procura quitarle la presidencia permanente del órgano a la Suprema Corte y que ya obtuvo media sanción del Senado, presenta igual sentido y contenido que la ley que sancionó en el 2006 el Congreso nacional a impulso de la -por entonces- senadora Cristina Kirchner, la que mereció distintos planteos de inconstitucionalidad.

En su momento, desde la oposición intentamos modificar esta situación, pero chocamos con la rotunda negativa del oficialismo a perder el poder que ha obtenido en el Consejo de la Magistratura de la Nación, ese poder que hoy explica, por ejemplo, que un funcionario ajeno al organismo, como el ministro de Justicia, pueda livianamente acusar en conferencia de prensa a algunos de sus integrantes desde la propia sede del plenario del Consejo.

RUPTURA DE EQUILIBRIO

La propuesta de reducir el Consejo a 17 miembros, quitándole dos lugares a los abogados y confiriéndole uno más al Ministerio Público, no tiene otro objetivo que romper el equilibrio que la Constitución provincial, al igual que la nacional, exige para la integración del Consejo.

Ello no sólo porque reduce a la mitad la representación de los abogados -que son a su vez la representación de los bonaerenses usuarios del servicio de justicia-, sino también porque la ruptura del equilibrio beneficiará en mayor medida al sector más representado, el Gobierno, que con ocho representantes (cuatro del Poder Ejecutivo y cuatro del Legislativo) incrementará su incidencia.

Es que de esa manera la representación gubernamental superará el 47% del total de integrantes del Consejo, lo que lo coloca a un paso del quórum propio, y con la posibilidad de vetar cualquier designación que no le convenga.

Además, este mayor poder también se ve reflejado en que los representantes del Gobierno podrán acceder a la Presidencia rotativa del Consejo, que actualmente está lógicamente reservada a la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial y mayor garante de independencia.

Pero si existía una modificación que revelaba sin medias tintas la voluntad del kirchnerismo de incidir en el Poder Judicial, y que felizmente no prosperó por lo escandalosa, era la que disponía un mecanismo de evaluaciones periódicas para jueces y fiscales.

GARANTIA DE DERECHOS E IGUALDAD

Desde nuestro espacio, y ahora en la Cámara de Diputados de la Provincia en la confianza de que podremos ser acompañados por otros bloques, seguiremos defendiendo la independencia del Poder Judicial, en el que descansan la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos, porque entendemos que la independencia de éste no es en beneficio de los jueces ni en desmedro de los otros Poderes del Estado sino una garantía de los derechos y la igualdad de todos, en especial de los más débiles frente al abuso de los más poderosos, y entre estos principalmente los gobiernos.