En esta línea, Domínguez remarcó: “Es necesario consensuar una ley de responsabilidad penal juvenil de sólidos fundamentos democráticos de respeto a los derechos de los niños y adolescentes establecidos en los tratados internacionales de los cuales Argentina es tributaria y de los cuales ninguno recomienda reducir la edad mínima penal, por el contrario, se establece la necesidad de llevarla a los niveles más altos”.

“El anunciado propósito de bajar la edad mínima penal juvenil se concatena con alarmantes datos de agravamiento en el último periodo respecto del deterioro de vida de amplios sectores adolescentes sumergidos en la pobreza, la exclusión social y sometida a diversos tipos de violencia particularmente la que proviene de las diversas mafias y de las Instituciones Estatales”, subrayó el ex titular de la Cámara de Diputados.

Y añadió: “No nos oponernos a una nueva ley de responsabilidad penal juvenil, pero deberá ser una decisión política que convoque al conjunto de las fuerzas nacionales, populares y democráticas a impedir que dicha reforma contemple la baja de edad de imputabilidad”.

Domínguez consideró que “debemos tener presente que en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los últimos informes difundidos por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, la participación de menores de 18 años en las Instrucciones Penales Preparatorias no alcanza al 5% del universo y de las cuales aproximadamente el 70% se encuentra en la franja entre 16 y 17 años”.

“Este dato a su vez debe analizarse en el aumento de la pobreza que durante el año 2016 en el primer semestre se incorporaron a esta condición más de 200.000 menores de edad en toda la Provincia y al mismo tiempo los registros de desgranamiento y abandono escolar se admite oficialmente que se encuentra en el 50% en la Escuela Secundaria. A eso se suma que, lamentablemente, en Argentina el gobierno se ha retirado de toda política de prevención de las adicciones”, enumeró.

Asimismo, Domínguez expresó: “Las confusas declaraciones del Ministro de Justicia pretenden con un falso debate sobre la edad mínima penal ocultar la ausencia de políticas públicas que alienten la integración social, educativa en sus comunidades y en un ámbito de auténtica promoción y protección de sus derechos y en un desarrollo responsable de una ciudadanía participativa”.