Entre los funcionarios del gobierno circula una propuesta de movilidad de las jubilaciones y pensiones del régimen general y demás prestaciones sociales. Si llegara a ser aprobado por el Congreso, reemplazaría a los aumentos trimestrales por decreto.

La propuesta se basa en la fórmula que rigió entre 2009 y 2017. Así se propone volver a los aumentos semestrales (en marzo y septiembre) combinando por mitades la variación de los salarios ( RIPTE) y la recaudación tributaria con destino a la Seguridad Social por beneficiarios (sin moratoria). Ese índice tendría un límite dado por la variación de la Recaudación total del sistema previsional, por beneficiarios (sin moratoria).

A su vez, hay una tercera variable. Si la inflación supera la variación de la Recaudación Total de la ANSeS (RT), se otorgaría una compensación equivalente a la mitad de la diferencia entre el índice RT y el índice de inflación ( IPC). Y esa diferencia se aplicaría “en un 80% como suma variable, y en un 20% en suma fija, logrando realizar un factor distributivo en momentos de crisis”.

El objetivo es que esta fórmula de movilidad sea aprobada por el Congreso para que el próximo aumento – de diciembre- ya se aplique la nueva movilidad, poniendo fin a los aumentos por decreto, el mecanismo que estaba previsto usar hasta fin de año.

La iniciativa busca que el presidente Alberto Fernández no pague el costo político de cada aumento y sería una señal a la Justicia para que no prosperen las demandas de acción colectiva (Defensoría de la Tercera Edad) e individuales acotando esos reclamos a tres aumentos otorgados.