La mesa intersindical de San Martín, con más de 20 gremios, convocó a una jornada para dar a conocer los detalles de la nueva ley de ART que fue aprobada en el Congreso y que busca adherirse en la provincia de Buenos Aires.

En SUTEBA estuvo Jorge Deantoni de La Bancaria, Ulises Lobo de Gráficos, Ramón Gómez de la UOM, Juan Ciolli de APYME, entre otros.

Lilian Capone, coordinadora del Espacio Salud y Trabajo de los Trabajadoras, asesora del Sindicato de Químicos y Petroquimicos, Secretaria de Salud Laboral de CTA bonaerense, explicó que “buscamos coordinar una unidad de acción sindical en contra de los derechos de los trabajadores. Nos hablan de privilegios pero son derechos del movimiento obrero argentino”.

“La nueva ley de ART es inconstitucional en la Provincia, porque coloca al trabajador como ciudadano de segunda. Esta ley no permite al trabajador a acceder a la Justicia Laboral y tiene que ir sí o sí a la comisión médica de la superintendencia. Invierten la carga de la prueba, y los médicos dictaminan cuestiones legales sin revisar. Nosotros estamos dando una gran batalla, y explicando senador por senador, de que esto no puede avanzar y cercena la vida de compañeros inválidos, incapacitados, enfermos”, dijo Capone.

Alejandro Villegas, del gremio de Trabajadores Gráficos, explicó que “presentamos un proyecto propio donde apuntamos a la prevención y no a la reparación. La semana pasada la pudimos defender en la legislatura y fue aprobado por la Comisión de Salud. Ahora la va a debatir la Comisión de Trabajo. Todos los legisladores firmaron el dictamen y no tuvo resistencia. Los compañeros dieron muy buenas explicaciones”.

Además estuvo la senadora provincial Mónica Macha, quien explicó que “estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para evitar el tratamiento de este proyecto en el Senado. Logramos que no llegue al recinto con mucha movilización y difundiendo el contenido de esta ley, es un costo muy grande. Además defendemos un proyecto nuevo que protege la salud de trabajadores.

“Si se aprueba esta ley se complica el cobro de indemnizaciones ante enfermedades o accidentes, va a haber mucha desigualdad de poder y sin posibilidades de juicio laboral. Es una precariedad muy grande”, agregó Macha.