Es en este contexto político en el que Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ejecuta una jugada medida y que no ignora la coyuntura: le pidió al bloque de diputados del PRO que emita un proyecto de resolución para solicitar a Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le pague lo que le corresponde a los porteños en concepto de coparticipación.

El reclamo de CABA por la coparticipación es aparte de la Ley Ómnibus y lo sostiene desde el 2020, cuando Alberto Fernández aplicó un recorte que redujo la coparticipación de la Ciudad de 3,5% a 1,4 por ciento. Horacio Rodríguez Larreta, por entonces alcalde porteño, llevó el litigio a la Corte Suprema.

Mediante una resolución firmada por la bancada del PRO en Diputados, le solicita al Poder Ejecutivo a que “realice todas las gestiones que fueran pertinentes y necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En los fundamentos del documento de ocho páginas, los legisladores amarillos repasan el origen de la coparticipación, la situación de la Ciudad y rememoran fragmentos del fallo de los cortesanos.

El 4 de enero, Jorge Macri fue recibido por Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, para tratar el tema coparticipación. El funcionario reconoció la deuda, se comprometió a trabajar para buscar una solución y ordenó a asesores de su equipo a estudiar el tema. Desde entonces, Valeria Sánchez, subsecretaría de Relaciones con las Provincias, estuvo en contacto con Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, para intentar avanzar hacia un remedio. En la CABA no notaron avances y actuaron en consecuencia.

Es un planteo que Jorge Macri entiende legítimo, aunque no ignora el contexto político. Tanto es así que el alcalde porteño impulsó la iniciativa en un Zoom que hizo el martes por la tarde con cuatro gobernadores y un grupo de legisladores nacionales que, como contó Infobae, tuvo como objetivo diseñar una estrategia coordinada de presión a Milei para que abra una mesa de diálogo y acepte cambios en la Ley Ómnibus. Allí estuvieron presentes Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Nacho Torres (Chubut). Entre los legisladores, asistieron Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot (Hacemos), Damián Arabia (PRO), Rodrigo De Loredo, Alejandro Cacace y Lisandro Nieri (UCR).

En 2022, el máximo tribunal emitió una medida cautelar en la que hizo lugar a la queja de CABA y ordenó a la Nación a pagar en forma de goteo diario, a través del Banco Nación, el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. La Casa Rosada no sólo no acató el fallo sino que en ese incumplimiento acumuló al día de hoy una deuda por $350 mil millones.

Las provincias gobernadas por PRO y UCR consideran que no hay interlocutores válidos de la Nación para avanzar en una mesa de diálogo con las modificaciones que piden aplicar a la Ley Ómnibus. En ese desdén, observan una rigidez del Jefe de Estado a conceder cambios en el apartado fiscal del articulado. Sobre todo en dos puntos: exigen sacar las retenciones a las economías regionales (que afectan intereses provinciales) y generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impida la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para disponer aumentos por decreto sin aval del Congreso.