Con la intención clara de ganar tiempo en las negociaciones con sus aliados, Javier Milei se dispone a vetar las mejoras aprobadas en jubilaciones y fondos para el área de discapacidad justo al límite del plazo establecido: el próximo lunes. En el entorno presidencial están convencidos de que el nuevo frente electoral presentado por los gobernadores, aunque cada vez más alejado de la Casa Rosada, no afectará la capacidad del oficialismo para sostener los vetos.
La reciente alianza, todavía débil, que conformaron Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut) no generó demasiada preocupación en el Ejecutivo. En Balcarce 50 aseguran que desde hace semanas vienen trabajando en asegurar el tercio necesario de los presentes para frenar las leyes, a pesar de que Milei todavía no firmó los vetos, aunque ya anticipó con fuerza que lo hará pronto.
El propio Milei fue quien lo expresó públicamente, y sus ministros lo repitieron —en especial el jefe de Gabinete, Guillermo Francos—: «no dudará en dar por tierra los proyectos aprobados hace un mes en el Senado». Según explican desde el oficialismo, el hecho de que aún no se haya formalizado el veto no responde a una demora sino a una estrategia política deliberada, que permitió usar los diez días hábiles desde la sanción para operar políticamente.
El acuerdo que terminó de consolidarse anteayer en la Casa de Chubut generó algunas especulaciones dentro del escenario político, ya que varios de esos mandatarios podrían tener influencia clave en las reuniones de comisión que prepara la oposición para sostener las leyes aprobadas en la Cámara alta. Sin embargo, desde la Casa Rosada restaron importancia al asunto: “No nos cambia nada. Esos no son los gobernadores que nos aseguraban los votos o las abstenciones”, dijeron ayer desde uno de los despachos de mayor peso.
“Ahora vienen los cierres de listas en la Ciudad, después las elecciones en la Provincia y después ya va quedando menos”, apuntó otro funcionario desde Balcarce 50, en un intento de relativizar los movimientos opositores.
En el oficialismo consideran fundamental dar señales de estabilidad a los mercados en medio de un escenario económico delicado, marcado por la suba del dólar. Aunque insisten en que «la situación cambiaria está controlada», evitan alimentar conflictos políticos que puedan impactar sobre el plan económico.
Por ese motivo, los libertarios impulsan un entendimiento con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, mientras afirman que, más allá de los ruidos con algunos gobernadores, cuentan con los votos necesarios para respaldar los vetos. Cerca de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, expresaron optimismo esta semana por el rumbo de las negociaciones con distintos mandatarios provinciales.
Uno de los datos que celebraban en las últimas horas era la incorporación de Pamela Verasay, referente del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien evitó involucrarse —al menos públicamente— con el nuevo armado de gobernadores. Una actitud similar adoptó el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que se distanció del bloque formado por sus colegas y se encamina a sellar una alianza con los libertarios en su provincia. De ese modo, busca enfrentar al dirigente peronista Guillermo Michel, cercano a Sergio Massa y ex titular de la Aduana.
La renovada sintonía con el PRO también alimenta la confianza del oficialismo. Si bien la conducción del bloque, a cargo de Cristian Ritondo, nunca se alejó del Gobierno, las últimas votaciones dejaron en evidencia ciertas tensiones: ausencias y abstenciones que encendieron alarmas en los libertarios. Sin embargo, tras el acuerdo sellado para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, creen que contarán con más respaldo dentro de esa bancada y aspiran a que ese respaldo se amplíe si prosperan los contactos para cerrar un pacto en la Ciudad.
Ni siquiera el conflicto con Jorge Macri, que Karina Milei busca excluir de las negociaciones por las listas porteñas, parece inquietar al oficialismo. Anoche, el jefe de Gobierno porteño planeaba dar pelea, y en su entorno afirmaban que sería uno de los apoderados del PRO, junto a Ezequiel Sabor, operador de Mauricio Macri, para asegurar su lugar en el armado de candidaturas. Aun así, desde el Gobierno bajaban el tono: “No tiene a nadie en el Congreso que le responda”, señalaban con desdén.
