“Yo creo que si haces una encuesta con los usuarios de Edesur, no van a ser pocos los que consideren que el servicio es muy malo. Y estamos hablando de un servicio público elemental, de un derecho humano. No de una actividad productiva o económica importante del país”, dijo Itaí Hagman, diputado nacional por el Frente de Todos, en una entrevista exclusiva con este medio. “No es desechable la posibilidad de que se le saque la concesión a Edesur. Diría que depende más de la respuesta que de la empresa que de otra cosa. Yo no creo que el Gobierno tenga una vocación de hacerlo –agregó–. Ahora, si vos tenés una empresa que tiene una concesión de un servicio público y no cumple con el contrato no queda otra que avanzar en esa cuestión y después dar la discusión de si hay que dárselo a otra privada o que se empiece a administrar de manera pública”.

El reclamo impulsado por un sector del oficialismo comenzó luego de que algunos intendentes de la zona sur del conurbano lanzaran sus primeras críticas a la empresa por cortes en el servicio. Rápidamente surgieron comparaciones con el intento de expropiación de Vicentín que no prosperó gracias a la reacción de la oposición. “Hay que marcar una diferencia, ya que Edesur es una empresa concesionaria de un servicio público. No es una empresa privada como Vicentín. En este caso no habría que expropiar, sino sacarle la concesión”, afirmó Hagman. Asimismo, añadió: “Creo que hay un consenso en la sociedad argentina sobre el mal servicio que dan algunas prestadoras de servicios públicos”.

«Ahora, si vos tenés una empresa que tiene una concesión de un servicio público y no cumple con el contrato no queda otra que avanzar en esa cuestión y después dar la discusión de si hay que dárselo a otra privada o que se empiece a administrar de manera pública”

El referente de Patria Grande sigue de cerca los detalles de la reestructuración de la deuda bajo ley extranjera. Esta semana los tres grupos de acreedores sorprendieron con su rechazo a lo que se esperaba que fuera la última oferta definitiva del Gobierno. “El problema es cuando se quiere pasar cierto límite y cambiar la naturaleza del acuerdo. La razón por la cual el Gobierno ha decidido plantarse no es tanto por si es ‘un dólar más o un dólar menos’ sino porque considera que, superado cierto umbral, cambia la naturaleza del acuerdo. Y el acuerdo que busca el Gobierno es uno que sea no solo sustentable sino que también sea compatible con el programa económico que quiere llevar adelante”, aseguró el diputado.

Hagman también opinó que “hay mucha operación dando vuelta” y “que la verdad de la letra chica la vamos a ver recién el lunes”. En este sentido, desarrolló: “Hay tanto dinero en juego que hay que interpretar todas las declaraciones públicas, tanto del Gobierno como de los acreedores, como parte de la negociación. Cuando los acreedores dicen ‘esta oferta es insuficiente’, hay que ver si efectivamente es así. Si consideran que es mejor la oferta argentina que ir al default, van a terminar aceptando, por más que hoy salgan en los medios y digan que es inaceptable”. En efecto, anticipó: “Creo que la expectativa es que los acreedores cedan a algo que es razonable, que es la última oferta”.

«Cuando los acreedores dicen ‘esta oferta es insuficiente’, hay que ver si efectivamente es así. Si consideran que es mejor la oferta argentina que ir al default, van a terminar aceptando, por más que hoy salgan en los medios y digan que es inaceptable”

Otra de las discusiones que tomaron revuelo en los últimos días tiene que ver con el proyecto de moratoria impositiva que impulsa el Gobierno para que se trate en el Congreso. No hubo dictamen porque la oposición reclamó modificaciones. Entre ellas, un sector de Juntos por el Cambio tildó la iniciativa de “un traje a medida de la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián De Souza”. Hagman calificó el planteo de “ridículo” y explicó: “Estamos hablando de una crisis económica inédita que afecta a miles de empresas con situaciones complicadas en términos tributarios. En ese contexto de crisis tan generalizada plantear que la ley tiene como objetivo beneficiar a una empresa en particular me parece descabellado”.

Según el diputado oficialista, “si hablás con cualquier empresario que en los últimos meses no haya podido pagar los impuestos, te va a decir que necesita una moratoria”. Además, advirtió que “el Estado es el que pierde cuando saca una moratoria” como esta. “El Estado deja de recaudar impuestos. Y lo hace porque considera que las empresas que están en esta situación crítica requieren de un alivio. Está sumando un costo fiscal que se suma al enorme costo fiscal que está teniendo el Estado por todas las políticas de asistencia”, agregó.