Luego de cuatro meses de misivas entre sí, paros, denuncias por aprietes y desvíos de fondos, el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, llegó a un acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA), lo que puso fin a un conflicto que dejó sin atención ni cobertura a 20 municipios del interior provincial.

En la sede central del IOMA en La Plata, Giles y el vicepresidente de la FEMEBA, Sandro Scafatti, acordaron este miércoles que a partir del 1° de enero la obra social bonaerense volverá a trabajar con la federación médica, con la salvedad de que la mutual le pagará directamente a los profesionales de la salud, es decir que el nuevo convenio elimina la intermediación económica.

De esta manera, el IOMA dio el paso para enmendar el error del pasado 1 de septiembre, cuando decidió desprenderse de manera intempestiva de FEMEBA, poniendo fin a 20 convenios históricos en Alberti, Bragado, Chacabuco, Colón, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Navarro, Rojas, Olavarría, Azul, Tapalqué, General Alvear, General Lamadrid, Daireaux, Laprida y Lincoln.

Con esa política, Giles causó el caldo perfecto para generar un descalabro sanitario en no solo esos municipios, sino también en los partidos linderos que tuvieron que recibir a los afiliados vecinos que tenían nula atención sanitaria, poca cobertura médica, alta demanda de turnos, solo un efector de salud, poca oferta de profesionales de la salud, y en algunos casos hasta habían perdido la libertad de elegir a sus médicos de cabecera.

Por eso, con el nuevo acuerdo entre IOMA y FEMEBA, Giles pareciera haber tomado consciencia de las consecuencias que generaron sus actos. El convenio, que significa el fracaso del “modelo cubano de salud” que implementó a la fuerza en Navarro el líder de la obra social, no pudo haber sido logrado sin el aluvión de manifestaciones de afiliados de toda la provincia de Buenos Aires y la ola de recursos amparos que fueron presentados en la Justicia para frenar las acciones que generaron un descalabro sanitario sin igual.

De la misma forma, el flamante pacto entre IOMA y FEMEBA deja atrás la intención de Giles de entablar una relación con el Consorcio del Centro de la provincia de Buenos Aires (COCEBA) en Olavarría, Azul, Laprida y Daireaux, una entidad manejada por los intendentes peronistas de esos distritos, que tienen vínculos con el gobernador Axel Kicillof, y que ni siquiera pudo garantizar las prestaciones a los afiliados del PAMI.

No obstante, el nuevo convenio no resuelve la situación del intermediario amigo de Gobernación, la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados de la provincia de Buenos Aires (ACEAPP), que funciona como nexo entre IOMA y los 232 policonsultorios de la obra social que están distribuidos por toda la provincia. Apenas inició el conflicto, la FEMEBA había apuntado contra ese organismo al evaluar que era utilizado por La Cámpora, agrupación política a la que pertenece Giles, para desviar fondos.

El nuevo convenio entre IOMA y FEMEBA

 

Desde IOMA, comunicaron que este nuevo convenio que elimina el rol de intermediario de la FEMEBA apunta a mejorar la accesibilidad para el universo afiliatorio de los servicios médicos, a asegurar el derecho a la salud de los afiliados y a optimizar los recursos económicos de la obra social.

“IOMA tiene convenio con la FEMEBA desde el 8 de julio de 1959 y en todas las décadas transcurridas en esta relación contractual siempre a la Federación se le reconoce la representación gremial de sus asociados, como se lo hace en este nuevo acuerdo pero también, cabe decir, que siempre fue intermediaria económica entre la obra social y las y los profesionales que prestan servicios”, indicaron desde la obra social.

En ese sentido, la mutual de Giles se hizo eco de que es la primera vez en 65 años que se elimina el rol de intermediario de la FEMEBA, hecho el cual se atribuyeron gracias a la “inversión económica que realiza IOMA todos los meses”. “La obra social tiene la responsabilidad y obligación de que esos recursos sean bien administrados ya que son el resultado del aporte de las personas afiliadas que sostienen el sistema solidario que posibilita que todos reciban la misma atención sin importar el valor de su contribución económica”, resaltaron.