La Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), que está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan, realizó un informe en donde se descubrió que centenares de miles de personas que cobran algún tipo de asignación social viajaron al exterior en avión, crucero, micro o auto.

El estudio de la UFISeS arrojó que desde el 2020 casi 160 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo registraron unos 813 mil movimientos migratorios.

Es por esto que Marijuan tomo estos datos y presentó una denuncia contra los responsables del Ministerio de Desarrollo Social, que por sorteo recayó en el juzgado de María Servini. Por el momento, el fiscal de la causa, Franco Picardi, está analizando las pruebas que le remitió la UFISeS, de continuar con la causa debería promover una acción penal contra Victoria Tolosa Paz, y otros funcionarios a cargo de otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo.

En principio, podrían quedar encuadrados en el delito de violación de los deberes de funcionario público. Según el artículo 248 del Código Penal será reprimido con prisión de un mes a dos años, e inhabilitación especial por el doble de tiempo, aquel funcionario público que dictare resoluciones contrarias a las normas, o que no se ocupare de su acatamiento.

Según las resoluciones que rigen la distribución de los planes sociales, el propósito es promover la inclusión social para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica. Se refiere a los trabajadores de la economía popular que carecen de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de sus familias y se encuentran en un estado de dificultad personal o social para su inserción en el mercado laboral y su integración.

La Carta Básica de Derechos y Obligaciones para trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo, otorga el derecho a recibir un Salario Social Complementario (SSC) que sería al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, en contraprestación de tareas comunitarias o en el marco de cooperativas de trabajo.

En abril de este año, el titular de la UFISeS, Guillermo Marijuan, inició una investigación que cruzó datos del Registro de beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, con los movimientos migratorios durante el periodo de vigencia de su prestación, detallando cantidad y duración de las salidas del país detectadas. Para revisar la existencia de posibles irregularidades tomó en cuenta la información que brindó la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Concluyó que sobre un total de 1.458.217 movimientos migratorios realizados por los titulares de los planes sociales desde el año 2009 hasta la actualidad, casi un 15 por ciento corresponde a viajes al exterior. Ese porcentaje representa a 211.977 personas, que mientras percibían un beneficio estatal, salieron de la Argentina a través de diferentes medios de transporte.

Asimismo, el análisis focalizó en el período 2020 y la actualidad, lo que determinó que 159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social.

La denuncia plantea que para más datos se cite a prestar declaración testimonial a las autoridades del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y de la Dirección Nacional de Migraciones.

Sumado a este pedido, El fiscal Marijuan solicitó que la justicia ordene al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación la suspensión de los planes Potenciar Trabajo cuyos titulares hayan registrado viajes al exterior “puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal”.

Por último, la Fiscalía señaló que por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, concluyó.

Para Marijuan “es dable inferir que este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país”.

Agregó que “se entiende que quienes viajaban, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”.