Una veintena de intendentes que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM) mantuvieron un encuentro en Capital Federal para realizar una acción en rechazo al mega DNU firmado por el presidente Javier Milei. Por lo que la asociación dirigida por el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, hará una presentación judicial.

La institución se reunió en su sede de CABA en forma presencial y virtual y acordó entregar el escrito el martes próximo en Tribunales, cuando el decreto del Ejecutivo ya esté vigente. En esta línea, pedirán que quede sin efecto «porque afecta gravemente muchos aspectos de la vida de nuestras vecinas y vecinos, deja desprotegidos a nuestros jubilados y jubiladas, y atenta contra nuestras PyMEs», sostuvieron desde la entidad.

Hace unos días, la FAM emitió un comunicado explicando la avanzada contra el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional que desregula la actividad económica. «Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo al inconstitucional Decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el gobierno nacional», señalaron.

Además, denunciaron que «el presidente Javier Milei no respeta nuestro sistema republicano de división de poderes. De espaldas al pueblo y a sus representantes legislativos, firmó un decreto que deja sin efecto o modifica radicalmente leyes de diferente naturaleza que regulan y rigen desde hace décadas todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad».

«Sin debate previo avanza sobre los derechos de los trabajadores, destroza las economías regionales, plantea innumerables privatizaciones y entrega a sectores concentrados o extranjeros el patrimonio de los argentinos», remarcaron.

“De espaldas al pueblo y a sus representantes legislativos, firmó un decreto que deja sin efecto o modifica radicalmente leyes de diferente naturaleza que regulan y rigen desde hace décadas todos los ámbitos de la vida de nuestra sociedad”, manifestaron los jefes comunales.

Dicho esto, lanzaron: “Con este ‘decretazo’, el gobierno nacional deja desamparados a las y los habitantes de todo el país, beneficiando a la elite financiera y económica”.

Luego, desde la FAM recordaron que «la historia nos demuestra que la privatización de empresas públicas atenta contra el patrimonio y la soberanía nacional. Ninguna nación es libre y soberana entregando el control de sus recursos y servicios estratégicos».

De esta manera, y horas después de la presentación de la Ley Ómnibus, que pretende profundas reformas del Estado, el DNU suma el rechazo de un nuevo actor institucional que intentará frenar sus efectos en la Justicia.