La justicia penal de La Plata inhibió este miércoles al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, su ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Miller, por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.

Así lo dispuso la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta. La magistrada también aceptó la solicitud del fiscal para que el ahora diputado nacionalnotifique a la justicia cada vez que quiera salir del país.

«El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal», sostuvo la jueza.

Scioli está imputado y procesado en la causa por violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con esa función y tráfico de influencias.

Según la acusación del fiscal, el ex candidato presidencial en 2015favoreció a Miller, dueño de la firma Building Internacional SA, para la construcción de Unidades de Pronta Atención (UPAs) en la Provincia, entre otras obras. Los contratos rondan los 117 millones de pesos.

Mientras era contratista del Estado provincial, Miller alquilaba un predio en Villa La Ñata -la quinta en el Tigre habitada por Scioli-, como parte de presunta devolución de “favores” por esas operaciones.

Para el fiscal platense Alvaro Garganta, ambos tenían una relación próxima facilitadora de la maniobra delictiva. “Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller antes, durante y aun después que el empresario fue beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas”, resulta la acusación de la UIF 11.

En su defensa ante la Justicia, Scioli aseguró que nunca recibió “dádivas”. “Ni de ese proveedor (Miller) ni de ninguna otra persona”, afirmó.