El proyecto plantea en su articulado la creación de un “Registro de comercios de compra y venta de celulares”, en el cual deberán inscribirse no solo los locales que comercialicen aparatos de telefonía móvil nuevos y usados y sus respectivos chips, sino también aquellos que realicen reparaciones de teléfonos celulares y accesorios.

Asimismo, establece la obligatoriedad para los comercios de contar con la documentación respaldatoria que acredite la procedencia legítima de los equipos, chips y accesorios.

Finalmente, el no cumplimiento de lo establecido en la ordenanza habilita a la autoridad de aplicación, la Secretaria de Desarrollo Económico municipal, a efectuar decomisos de mercadería, de manera preventiva y definitiva; y clausuras preventivas y definitivas de los locales.

“Conforme estadísticas realizadas por diferentes consultoras en Argentina, se roban 6.000 celulares por día. Estos mismos informes estiman que el 2015 se robaron aproximadamente 2.200.000 teléfonos celulares en nuestro país”, comentó Gustavo Spalletti, para explicar luego que este tipo de delitos “en Tres de Febrero es uno de los más frecuentes”, aunque no se refleja en las estadísticas porque “generalmente no se lo denuncia”.

“Esta práctica delictiva, cada vez más violenta, toma ganancia cuando el celular robado es vendido en el mercado de celulares usados. De este modo, vecinos honestos terminan por generar, sin quererlo, ganancia para este delito”, analizó el autor de la iniciativa. “Es fundamental cortar este círculo vicioso. No puede ser que vecinos honestos vayan a comprar celulares usados a comercios habilitados legalmente y no sepan que muchos de esos teléfonos están manchados con sangre”, consideró.

“Apuntamos a contar con un registro de los equipos, de los chips y de las partes de los aparatos que se comercializan, para saber cuáles son los que tiene origen legítimo y cual no. Eso va ayudar mucho a la hora de investigar el tema de los secuestros virtuales, un delito que también preocupa mucho a los vecinos de Tres de Febrero”, agregó el concejal massista. Y concluyó: “Es necesario poner un coto a esta economía delictual, por eso presentamos este proyecto que evitará la compra, venta y reparación de equipos robados y controlará el mercado negro”.

El proyecto de ordenanza, aprobado por todos los bloques políticos que integran el Concejo Deliberante de Tres de Febrero, deberá ser reglamentado por el Departamento Ejecutivo en un plazo no mayor a 60 días.