Héctor Jesús Guerrero quedó a un paso del juicio por el disparo que dejó al fotógrafo gravemente herido durante la represión frente al Congreso.
La causa judicial por las gravísimas heridas sufridas por el fotógrafo Pablo Grillo durante una manifestación frente al Congreso entró en una instancia clave después de que la Justicia resolviera enviar a juicio oral al gendarme Héctor Jesús Guerrero, identificado como el efectivo que habría disparado el proyectil que impactó contra el reportero gráfico en medio del operativo represivo desplegado durante la protesta.
La decisión judicial no solamente pone el foco sobre Guerrero como presunto autor material del disparo. También habilita una etapa que desde hace tiempo aparecía como inevitable dentro del expediente: avanzar sobre la estructura de mando que estuvo detrás del procedimiento y determinar qué nivel de responsabilidad tuvieron quienes organizaron, supervisaron y condujeron el operativo de seguridad.
De acuerdo con la investigación, el gendarme habría efectuado varios disparos con una pistola lanzagases de manera horizontal, algo prohibido por los protocolos vigentes para ese tipo de armamento. Uno de esos cartuchos terminó impactando de lleno sobre Grillo, que sufrió fractura de cráneo y severas lesiones neurológicas mientras realizaba cobertura periodística de la movilización.
La fiscalía sostuvo que el accionar fue incompatible con las normas de actuación previstas para este tipo de intervenciones y consideró que existió un uso desmedido de la fuerza. En paralelo, distintos registros audiovisuales y reconstrucciones del episodio se transformaron en piezas centrales de la causa para reconstruir cómo se produjo el disparo y qué ocurrió alrededor del fotógrafo segundos antes del impacto.
Pero mientras la situación procesal de Guerrero avanza hacia el juicio oral, la atención también empieza a desplazarse hacia algo bastante más delicado para las autoridades: la posibilidad de que el operativo no haya sido solamente una suma de excesos individuales, sino parte de una dinámica avalada o tolerada desde niveles superiores de conducción.
Por ese motivo, la Justicia ahora buscará establecer quiénes estaban a cargo del procedimiento, qué órdenes circularon durante la represión y qué responsabilidades podrían alcanzar a mandos jerárquicos de la fuerza y funcionarios involucrados en el diseño de la estrategia de seguridad desplegada aquel día.
Desde el comienzo de la causa, la familia de Grillo y organismos de derechos humanos insistieron en que el expediente no debía agotarse únicamente en la figura del gendarme acusado. La discusión, sostienen, también tiene que incluir el contexto político y operativo que permitió que una protesta terminara con un fotógrafo al borde de la muerte en plena vía pública.
