Después de la postergación oficial del desalojo que estaba pautado para el 15 de octubre, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una extensa reunión con los representantes de las organizaciones sociales con presencia en la toma de tierras de Guernica. La orden de desalojo sigue vigente para antes del 30 de este mes. El tribunal de Casación bonaerense rechazó el recurso interpuesto por el defensor oficial de la Defensa Penal Descentralizada del municipio de Presidente Perón que buscaba impedir el operativo.

La Gobernación logró acordar con más de 600 familias para que abandonen el predio y sean ubicadas en tierras fiscales de otros distritos. Sin embargo, hay alrededor de 150 personas que resisten y permanecen en el terreno con la ayuda de las organizaciones de izquierda que trabajan activamente en la toma.

“Vamos a agotar todas las instancias a la espera de lograr una salida voluntaria, que es lo que siempre quisimos y siempre abiertos al diálogo”, Larroque.

En el encuentro participaron ministros y funcionarios de Axel Kicillof. Entre ellos: Andrés Larroque, ministro de Desarrollo para la Comunidad; Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad del Ministerio de Mujeres. Por el lado de las organizaciones sociales: el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Movimiento Teresa Rodríguez, Fpds Corriente Nacional-Guernica, Frente de Organización en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán.

La oferta de la Gobernación consiste en plantear soluciones habitacionales y la posibilidad de acceder a lotes sociales con servicios en otros municipios. “Vamos a agotar todas las instancias a la espera de lograr una salida voluntaria, que es lo que siempre quisimos y siempre abiertos al diálogo”, informó Larroque. El 80% de las familias ya están virtualmente reubicadas.

CAUTELAR RECHAZADA

Juan Pablo Stasi, defensor oficial de la Defensa Penal Descentralizada del municipio de Presidente Perón, había presentado un recurso para impedir el desalojo argumentando que «la ejecución de la medida cautelar implicará el lanzamiento de aproximadamente 1.904 familias que habitan los inmuebles, de las cuales 1309 están conformadas con niños, niñas y adolescentes y 307 con personas mayores que viven solas» y había solicitado además declarar inconstitucional el artículo 231 del Código Procesal Penal bonaerense.

El Tribunal de Casación bonaerense rechazó el pedido, por lo que el operativo deberá realizarse tal como lo dispuso el juez de la causa, Juan Martín Rizzo, antes del 30 de octubre. En la resolución, los jueces Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, declararon «procedente» la queja pero destacaron que el recurso de casación no era «admisible». Asimismo, explicaron: “No se alcanza a verificar que en la cuestión a dilucidarse el peticionante haya fundado debidamente su pretensión, demostrando de manera manifiesta, clara e indudable la repugnancia de la norma cuya validez se cuestiona con cláusulas constitucionales».