El Gobierno Nacional formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 5 y el 27 de diciembre. La agenda propuesta, confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni a través de un escueto mensaje en su cuenta de X, incluye seis puntos principales: «Reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente y reforma de los fueros de la política». Sin embargo, la exclusión de temas clave como el Presupuesto 2025 y la ley de Ficha Limpia ha generado críticas desde diversos sectores de la oposición, que cuestionan las prioridades del oficialismo.

El primer punto del temario, la reforma electoral, busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), instauradas en 2009 durante la gestión de Néstor Kirchner. Esta iniciativa ha dividido tanto al oficialismo como a sus aliados. Si bien algunos gobernadores consideran que eliminar las PASO facilitaría la consolidación de sus liderazgos en sus distritos, el PRO, socio estratégico del Gobierno, prefiere mantenerlas. En el plano político, la medida podría otorgar a Cristina Fernández de Kirchner mayor influencia en la confección de listas de Unión por la Patria, aunque la vicepresidenta no ha expresado públicamente su postura al respecto. Además, se necesita una mayoría agravada en ambas cámaras para aprobar cualquier reforma de este tipo, lo que añade complejidad al debate.

Otro de los proyectos prioritarios es la reforma política, que propone modificaciones significativas a la ley orgánica de los partidos políticos. Los cambios incluyen reducir el financiamiento público para las campañas electorales, eliminar los límites al financiamiento privado y suprimir los espacios obligatorios en los medios de comunicación. Además, se plantea endurecer los requisitos para la creación de partidos políticos, con el objetivo de evitar la proliferación de «sellos de goma«. Aunque desde el oficialismo argumentan que estas medidas buscan modernizar el sistema político, varios sectores advierten que podrían abrir la puerta a una mayor desigualdad en la competencia electoral.

En cuanto al juicio en ausencia, la propuesta busca avanzar en causas emblemáticas como el atentado a la AMIA, permitiendo juzgar a sospechosos que no estén presentes en el país. Sin embargo, esta iniciativa enfrenta serias críticas por su posible inconstitucionalidad, ya que podría vulnerar derechos básicos como el de defensa. Pese a los reparos legales, el Gobierno confía en que el fuerte simbolismo de esta medida ayude a destrabar el debate en el Congreso.

La ley antimafia, impulsada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, también forma parte del paquete legislativo. Este proyecto endurece las penas para delitos vinculados al crimen organizado y propone medidas excepcionales, como la detención de sospechosos por un plazo de 48 horas. La iniciativa surge tras la difusión de un video en el que un supuesto grupo narco amenaza con generar violencia en la provincia de Buenos Aires. Aunque el Gobierno atribuye estas amenazas a «narcoterroristas«, persisten dudas sobre la autenticidad del material y se sospecha que podría tratarse de un montaje relacionado con fuerzas policiales.

Otro punto en la agenda es la autorización de viajes para el presidente. Este trámite, habitual en el Congreso, se plantea como una formalidad, aunque ha generado críticas debido a que muchas de las salidas de Javier Milei al extranjero no corresponden a actividades oficiales, sino a eventos partidarios.

A último momento, el Gobierno agregó la reforma de los fueros legislativos, un tema que cobró relevancia tras la detención en Paraguay del senador Edgardo Kueider, aliado del oficialismo, con más de 200 mil dólares en efectivo. Este episodio no solo puso en entredicho la inmunidad parlamentaria, sino también la relación del Ejecutivo con el legislador, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado.

Por otro lado, la lista de proyectos excluyó temas centrales como el Presupuesto 2025, los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema y la ley de Ficha Limpia. La ausencia de un presupuesto aprobado significa que el Gobierno operará nuevamente bajo un esquema prorrogado, otorgándole mayor discrecionalidad para reasignar partidas. Según la oposición, esta estrategia refleja una intención de «beneficiar a los amigos y castigar a los enemigos«, como lo expresó el propio Milei. En cuanto a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, el Ejecutivo no logró obtener los dos tercios necesarios en el Senado para su aprobación y amenaza con designarlos por decreto, replicando una táctica utilizada por el expresidente Mauricio Macri.

La exclusión de la ley de Ficha Limpia, reclamada por sectores del PRO, también generó malestar. Esta iniciativa busca impedir que personas condenadas por corrupción puedan ocupar cargos públicos, pero no figura entre las prioridades del oficialismo.

En este contexto, las posibilidades de que el Congreso alcance acuerdos parecen reducidas. Las Cámaras han demostrado dificultades para sesionar en el último año, y los bloques continúan fragmentados en torno a los principales temas del temario. Mientras la oposición dialoguista muestra señales de acompañamiento al Ejecutivo, los sectores más críticos, como Unión por la Patria y el FIT, se mantienen firmes en su rechazo a las políticas libertarias y cuestionan el «desprecio» de la Casa Rosada hacia las provincias.

Con el tiempo acotado y un clima político cada vez más tenso, las sesiones extraordinarias se perfilan como un escenario clave para medir la capacidad del Gobierno de imponer su agenda legislativa y sortear las crecientes resistencias dentro y fuera de sus propias filas.