A fines de junio, amenazaron de bomba el Liceo Franco Argentino, donde estudia Antonia Macri, en Belgrano. A principios de agosto, llamaron por una amenaza en el Club River Plate. El miércoles de esta semana, la Municipalidad de Morón. El jueves por la mañana, el colegio Passalacqua, de Banfield. Unas horas más tarde, la escuela Estrada de la misma localidad lómense recibía una amenaza de bomba mientras el fiscal general de Morón Federico Nieva Woodgate recibía a los intendentes de Merlo, Ituzaingó y Hurlingham para contarles qué se hace desde la justicia para frenar esta ola de amenazas de bomba.

Los ejemplos arriba mencionados son apenas un puñado de las amenazas que se realizan. Ya no son llamados diarios, sino que ocurren varios por hora. Por ejemplo, el jueves de la semana pasada, solo en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires recibieron 48 amenazas. Casi una cada media hora.

Y cuando se extiende a todo septiembre, se llega a la conclusión que están siendo 900 las amenazas en la Provincia en centros educativos. Esto significa un aumento del 2.500 por ciento respecto al mes anterior. Las cifras se dan en estricto off the record.

Ninguna autoridad de las áreas de Educación y Seguridad, ni de Provincia ni de Nación, tienen intención de salir a hablar sobre esta problemática. Consideran que, hacer declaraciones públicas sobre esta ola de amenazas contribuirá a aumentarla.

Rosario es otra ciudad que se ve afectada fuertemente por esta tendencia. En lo que va del año, fueron casi 400 las amenazas. En esa Provincia hubo padres imputados por la Justicia, lo cual fue cuestionado por la defensora general de la ciudad.

Si bien el oeste bonaerense es el más afectado, el colegio público Estados Unidos del partido de San Martín también cobró notoriedad nacional por la seguidilla de amenazas de bomba.

Según lo explican desde las áreas provinciales de Seguridad, cada amenaza de bomba le cuesta al Estado, mínimamente, 30.000 pesos. Ante un llamado, no solo trabaja la policía provincial, sino también la municipal y diversas áreas de la federal, como la antiexplosivos.

A partir de esta problemática, los intendentes Gustavo Menéndez, de Merlo; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; y Juan Zabaleta, de Hurlingham, se reunieron –como había anticipado ayer Primer Plano On Line- con el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate. El único ausente al cónclave fue Ramiro Tagliaferro (quien el día anterior sufrió una amenaza en la Municipaldad): no pudo acudir por cuestiones de agenda pero también fue invitado.

El fiscal general informó a los jefes comunales que designó a dos fiscales para trabajar exclusivamente en la cuestión, y les especificó que la investigación de este tipo de casos es especialmente técnica. “Me refiero al seguimiento y al entrecruzamiento de las llamadas a través de la identificación del lugar y el aparato de donde se hicieron”, indicó Nieva Woodgate.

UN DETENIDO EN JUNÍN

Este mismo jueves, una noticia alertó aún más a las autoridades políticas. Según informó la Policía Bonaerense, un concejal actual del Frente Renovador de Junín y la esposa de un puntero político vinculado a un ex intendente de Junín fueron detenidos hoy por ser los titulares de las líneas telefónicas usadas para realizar de manera reiteradas denuncias de amenaza de bomba a colegios de esa ciudad del interior bonaerense.

Las detenciones fueron llevadas a cabo por efectivos de la DDI Junín tras una investigación que incluyó análisis tecnológico entre otros estudios técnicos.

Ante esta situación, la Justicia Federal ordenó la realización de cuatro allanamientos que dejaron como resultado la detención del edil, de 42 años, y de una mujer, de 50, esposa de un puntero político reconocido con la gestión comunal pasada de esa localidad.

Según los investigadores, en el caso del concejal (que termina su mandato en diciembre) el celular investigado lo usaría su hijo de 13 años. En tanto, en el la mujer apresada, el teléfono lo tenía su hija de 16.

“Suponemos que las falsas denuncias fueron realizadas con los menores pero la Justicia determinó que por ahora se detengan a los titulares de esas líneas”, dijo uno de los investigadores.

Intervienen el Juzgado Federal N° 1 de Junín y la Fiscalía Federal Única también de ese departamento Judicial