Desde el cambio de gobierno, el 10 de diciembre pasado, las imágenes de fuerzas de seguridad interviniendo en protestas se multiplican. Las más violentas se vieron a finales de enero y comienzos de febrero frente al Congreso de la Nación, durante el tratamiento Omnibus. Allí se repitieron las escenas de agentes utilizando armas menos letales (AML) para reprimir y dispersar manifestantes.

La policía utilizó balas de goma, camiones hidrantes e irritantes químicos (gas lacrimógeno y gas pimienta) para controlar a manifestantes, periodistas y funcionarios gubernamentales.

Hoy, situaciones similares sucedieron en los puentes de ingreso a la Ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda y Saavedra.

Tal como publicamos en los informes de Letalidad encubierta, la evidencia médica demuestra que las armas menos letales no son “no letales”, sino que pueden causar lesiones graves, discapacidades y, en algunos casos, la muerte.

A menudo, son utilizadas para dispersar manifestaciones, en lugar de proteger los derechos de libre expresión y reunión de los ciudadanos. Su uso debe restringirse a situaciones de absoluta necesidad para proteger la seguridad del público, no por conveniencia política para controlar una multitud.

Solo en cinco años, de 2016 a 2021, identificamos en todo el mundo a más de 2000 personas con discapacidades permanentes causadas por balas de goma y otros proyectiles de impacto cinético, impactos en la cabeza o los ojos, hemorragias por lesiones en los vasos sanguíneos o daño nervioso. También contabilizamos 100 mil personas con lesiones causadas por irritantes químicos.

 

Gases, balas de goma y camiones hidrantes no son inofensivos

Los impactos psicológicos sobre personas desarmadas son profundos, generan un trauma para las víctimas y un efecto paralizante para la libertad de expresión de todos. Es vital recordar esto porque un entendimiento erróneo de su grado de letalidad lleva a su uso incorrecto y excesivo, como si «menos letal» significara «inofensivo».

Los riesgos que implican estas armas nos llevan al punto más importante: deben usarse como último recurso absoluto. No como táctica de intimidación o castigo. El uso no restringido de estas armas puede socavar los esfuerzos para desescalar las tensiones y exacerbar la violencia y las amenazas a la seguridad pública. Estas armas son peligrosas: las lesiones graves son más probables cuando las armas se disparan a corta distancia y pueden impactar a las personas con gran fuerza. Pero también lanzadas desde lejos pueden generar lesiones porque, a menudo, son inexactas y pueden impactar partes vulnerables del cuerpo de manifestantes o transeúntes.

Por lo tanto, la evidencia médica subraya que los proyectiles de impacto cinético como las balas de goma nunca deben dispararse de manera indiscriminada contra grupos y, en general, son un arma inapropiada en cualquier contexto de protesta. El caso del abogado de derechos humanos, Matías Aufieri, quien perdió la visión de un ojo después de recibir una bala de goma en el ojo mientras monitoreaba la protesta de la Ley Ómnibus, no es un incidente aislado. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires contabilizó más de 50 trabajadores de prensa heridos desde enero. Los irritantes químicos como el gas lacrimógeno y el gas pimienta pueden causar dolor severo, ceguera y asfixia. Tal como ocurrió hoy, los heridos describen graves quemaduras químicas.

Estas lesiones rara vez se registran. Más bien, se subreportan, se documentan de manera inadecuada y se investigan deficientemente, si es que se investigan. Esto, por supuesto, conduce a la falta total de responsabilidad por su uso incorrecto y excesivo. Además, a menudo falta supervisión independiente o mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los incidentes que involucran el uso de AML se investiguen adecuada y correctamente. Las personas heridas pueden enfrentar obstáculos para recibir atención médica o acceder a recursos legales, lo que contribuye aún más a la subnotificación e impunidad que rodea a estos incidentes, y perpetúa un ciclo de impunidad.

El rol de la policía siempre debe ser el de desescalar la tensión y garantizar espacios seguros para aquellos que deciden ejercer su derecho a la reunión pacífica. A veces, los operativos generan lo contrario: caos y pánico, con graves consecuencias para los derechos humanos y la salud. Si en una situación determinada el uso de armas menos letales aparece como una última opción necesaria, las fuerzas de seguridad deben siempre asegurarse de dar una clara advertencia verbal antes de usarlas y de brindar suficiente tiempo y espacio para que los manifestantes encuentren refugio. También deben garantizar que, en el caso de tener que responder a actos de violencia, no traten a las multitudes como una entidad violenta única debido a las acciones de algunos individuos. Se debe prestar especial atención para evitar su uso contra las poblaciones particularmente vulnerables, como niños y aquellos que tienen roles protegidos, como periodistas y observadores de derechos humanos.

Respetar las pautas para el uso seguro de estas armas y llevar a cabo investigaciones independientes sobre todas las denuncias de uso indebido dentro de marcos de responsabilidad claros es la única manera de neutralizar el potencial mortal de las armas menos letales y garantizar que las lesiones y muertes prevenibles no vuelvan a ocurrir.

 

(*) Rohini Haar es médica de emergencias, asesora en Médicos por los Derechos Humanos. Juliana Miranda es coordinadora del Equipo de Trabajo Internacional del CELS, organización miembro de INCLO .

 

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