Manuel García Mansilla asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia por decreto presidencial, una decisión que generó un fuerte debate en el ámbito judicial y político. Aunque suele ser presentado como un académico, su trayectoria no se caracteriza por una producción científica en publicaciones especializadas, sino por artículos de opinión en medios de comunicación.

Un informe elaborado por referentes de ONGs y funcionarios judiciales cuestionó su idoneidad para integrar el máximo tribunal. El documento analizó sus publicaciones y concluyó que sus antecedentes no lo califican para el cargo.

Uno de los puntos señalados es su relación con el sector energético. En una revista de la industria, García Mansilla criticó el fallo Cepis de la Corte Suprema, que anuló el aumento de tarifas de gas durante la gestión de Mauricio Macri. Sus vínculos con empresas del sector son amplios. Durante los últimos 20 años, brindó asesoramiento legal a compañías hidrocarburíferas y, desde hace una década, dirigió la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), que representa a firmas como Total Austral, Chevron, Pluspetrol, Equinor, Shell y Exxon.

Este antecedente marca un hecho inédito en la historia del tribunal. García Mansilla es el primer juez de la Corte que, antes de su designación, ocupó un rol de representación institucional en un sector empresarial de peso.

Otro aspecto que cuestionó el informe es su postura sobre la reforma constitucional de 1994. Según el análisis, García Mansilla “desprecia en general las reformas introducidas en 1994 a la Constitución en materia de nuevos derechos y garantías (entre ellos, la preservación del medio ambiente y la protección de usuarios y consumidores)”. También se lo señala por su negativa a reconocer la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos y la validez de los pronunciamientos de organismos internacionales en la materia.

Además, su visión sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes generó preocupación en el ámbito judicial. En reiteradas ocasiones, rechazó el principio que establece que quien impugna una norma debe demostrar su incompatibilidad con la Constitución. En un artículo publicado en 2014, titulado “¿Presunción de Constitucionalidad o Presunción de Libertad?”, expresó con claridad su postura: “Resulta imperioso abandonar la presunción de constitucionalidad”.

La designación de García Mansilla abre un nuevo escenario en la Corte Suprema, con interrogantes sobre el impacto de su trayectoria en las futuras decisiones del tribunal.