La recorrida de funcionarios nacionales por el Instituto Malbrán expuso un escenario de tensión política y sindical. El dato central fue el fuerte operativo que blindó el ingreso de Manuel Adorni al predio, en un contexto marcado por amenazas de protestas y cuestionamientos a su figura.

Karina Milei encabezó la visita junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y el propio jefe de Gabinete. La comitiva buscó mantener bajo perfil. Sin embargo, la presencia policial tomó protagonismo desde el inicio. El acceso al instituto quedó fuertemente custodiado para evitar escraches y garantizar la entrada de Adorni, que enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticiparon el rechazo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, apuntó contra los funcionarios antes de la llegada. “Están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara yendo a un organismo prestigioso”, afirmó. También sostuvo: “Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional”.

El dirigente cuestionó la actividad oficial. Señaló que se trató de una inauguración repetida del laboratorio de Bioseguridad Nivel 4, que ya había entrado en funcionamiento meses atrás. Además, lanzó críticas directas al ministro de Salud y al jefe de Gabinete. “No se puede subestimar de semejante manera a toda la sociedad. Mario Lugones, el ministro que está destruyendo toda la salud y dejando morir a los jubilados sin medicamentos, lleva de tour al casta plus de Manuel Adorni”, expresó.

Aguiar elevó el tono de sus declaraciones y pidió la salida del funcionario. “El jefe de Gabinete se tiene que ir ya. Los argentinos no le podemos seguir pagando el sueldo ni un minuto más”, sostuvo. En el cierre, sumó cuestionamientos al contexto sanitario: “Mientras realizan una inauguración trucha, vuelve el sarampión y aumentan los casos de tuberculosis, hantavirus y sífilis”.

Dentro del organismo también hubo reclamos. Trabajadores del Malbrán entregaron un petitorio a las autoridades. Denunciaron un “deterioro crítico” y exigieron una recomposición urgente. En un comunicado, el personal manifestó su “profunda preocupación” por la situación salarial y presupuestaria.

Según detallaron, los ingresos perdieron un 45% de su poder adquisitivo. A eso se sumó una reducción del 25% en el presupuesto y una baja del 15% en la planta de personal. “Hoy, un profesional ingresa con un salario aproximado de $1.250.000, por debajo de la línea de pobreza; y el personal auxiliar cerca de $650.000, por debajo de la línea de indigencia. Como consecuencia, más de la mitad del personal se encuentra en situación de pobreza”, indicaron.

El documento también advirtió sobre el impacto en áreas clave. “Este escenario compromete funciones esenciales para la salud pública, como la vigilancia de enfermedades (sarampión, sífilis, tuberculosis, hanta, entre muchas otras), la producción de insumos diagnósticos y el desarrollo científico-técnico”, señalaron.

Finalmente, los trabajadores alertaron sobre las consecuencias del ajuste. Afirmaron que el debilitamiento del instituto “impacta directamente en la capacidad del sistema sanitario nacional y en la protección de la salud de la población”. En ese marco, la visita oficial dejó más tensión que anuncios y volvió a poner en foco la situación del organismo.