El Concejo Deliberante llevó a cabo el décimo encuentro legislativo. De un orden del día que incluyó el tratamiento de 7 asuntos oficiales, 41 dictámenes de comisión y 1 comunicación de la Presidencia, los puntos más relevantes estuvieron relacionados con la homologación de dos convenios de infraestructura para el área ribereña.

En un caso referido a la ampliación de la red de gas, para el cual la Municipalidad desembolsará 4,5 millones, el 75% de la obra. Por otro lado, fue avalada la ampliación de la red de agua potable y desagües cloacales, con una inversión de 24 millones sobre un toral de 62 millones.

La votación resultó favorable por 23 a 1. La negativa provino de la representante del ARI, Silvia Maldonado. Aunque no fue la única que expuso reparos, Alicia Soria, Frente Grande, señaló que mientras avanzan estas obras barrios de emergencia como El Ceibo son relegados.

Norberto Antelo (Gen) reflejó la postura de sus pares: “No iba a votarlo a favor, porque no estoy de acuerdo con que se utilice dinero del municipio para beneficiar a Aysa y Gas Natural Ban”, sin embargo remarcó que “siempre pedimos que se hagan trabajos para que no colapsen los servicios, votar en contra sería contradictorio”.

Mencionó que “cuando decimos que es un negocio de privados nos contestan que hay un fondo destinado para tal fin”, y concluyó, “la inversión la hacemos nosotros para que ganen plata ellos”.

GUARDO: “LA OPOSICIÓN TIENE RESISTENCIA AL PROGRESO"

La encargada de la defensa de la iniciativa fue la edil reelecta el 28 de junio por el Frente Comunal Vecinal, Marta Guardo, presidenta de la comisión del Tratamiento de la Zona Costera.

Consultada por LaNoticiaWeb indicó que “nadie puede oponerse a que demos la infraestructura a próximos vecinos del distrito”, y lanzó, “la oposición tiene resistencia al progreso y las ciudades están hechas para crecer. Por una cuestión de costos, se tiende a construir torres”.

Sobre las discrepancias aclaró, “decían que primero teníamos que hacer esas obras y después la normativa, y el otro tema era el costo, de dónde provenía y que les parecía injusto que el municipio afrontara un gasto para un grupo de la población que supuestamente tiene mayor poder adquisitivo”.

La legisladora oficialista puntualizó, “la normativa es lo que nos da la seguridad jurídica. En 2006 se sancionó la ordenanza madre, que habla de un plan en la costa y de dotarlo de la infraestructura necesaria”. Y señaló otro “error” de la oposición, “no es que la Comuna graciosamente va a disponer de estos fondos, hay una ordenanza que se llama de plusvalía que dispone para tres zonas indicadores urbanísticos superiores, esto le permite al desarrollador contar con más metros, por los cuales tiene que aportar para una partida especial”.