El Gobierno canceló la licitación de la Hidrovía, uno de los proyectos de privatización más importantes de la gestión de Javier Milei. La concesión, que proyectaba ingresos de entre 7.500 millones y 20.000 millones de dólares en 30 años, quedó anulada tras la retirada de casi todos los competidores, excepto la empresa belga DEME. La licitación preveía un costo de hasta 6,30 dólares por tonelada a partir del tercer año, lo cual, según el sector privado, afectaría la competitividad de las exportaciones argentinas, paraguayas y brasileras.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, atribuyó el fracaso a la presión ejercida por medios de comunicación, empresarios, diplomáticos y políticos. Afirmó que estos sectores hicieron lobby para que el Gobierno modificara los estándares técnicos del pliego. La licitación, que permaneció abierta durante tres meses, generó controversias desde el principio. Solo DEME presentó una oferta, lo que levantó sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.

Acusaciones de direccionamiento y conflicto político

La licitación estuvo marcada por denuncias de corrupción y acusaciones de direccionamiento en favor de Jan de Nul, anterior concesionaria y actual operadora de la Hidrovía mediante un contrato directo con el Estado. DEME, que había cuestionado el presunto favoritismo hacia Jan de Nul, terminó siendo la única empresa en participar. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un dictamen señalando irregularidades en el proceso.

El conflicto político también se profundizó con acusaciones cruzadas entre Javier Milei y Mauricio Macri. Desde La Libertad Avanza (LLA) señalaron que Macri intentó favorecer a la firma neerlandesa Boskalis debido a sus vínculos con la reina Máxima Zorreguieta. En las redes sociales oficiales del Gobierno, se publicó: “Macri: no te vamos a dar la Hidrovía”.

Retiro de empresas y sospechas de presión gubernamental

El retiro de las principales empresas del sector generó interrogantes. Jan de Nul y Van Oord abandonaron el proceso a último momento. Según fuentes del sector, el Gobierno les solicitó que se retiraran para evitar una denuncia penal, lo que habría preparado el terreno para las acusaciones de Adorni. Sin embargo, DEME no recibió esa advertencia, quedando expuesta como la única oferente.

El Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresó que la suspensión debería fortalecer el proceso para alcanzar una concesión sólida que permita un dragado eficiente con tarifas competitivas. Además, resaltó la necesidad de lograr un calado navegable de 40 pies en los próximos años.

Impacto en el Gobierno y futuro incierto

La cancelación de la licitación representa un revés significativo para el Gobierno de Milei, que buscaba avanzar en su agenda de privatizaciones. Además, el escándalo afectó a Santiago Caputo, asesor clave en el proceso, quien ahora enfrenta cuestionamientos internos. Karina Milei, figura de peso en el entorno presidencial, podría exigirle explicaciones sobre el resultado de la licitación.

El Gobierno deberá redactar un nuevo pliego, ajustado a las recomendaciones de la PIA, y convencer a las empresas de participar nuevamente. Aún no está claro si habrá interés en competir bajo estas nuevas condiciones.

Este episodio pone en evidencia las dificultades políticas y empresariales para concretar la privatización de la Hidrovía, una vía fluvial clave para las exportaciones de la región. La controversia también refleja la compleja relación entre los intereses económicos y el poder político en Argentina.