¿Qué diferencias hay entre al ante proyecto del Código Penal Procesal del Frente Renovador, y el del oficialismo?

El primero fundamental es el protagonista de la víctima. La investigación de los jueces, la víctima queda relegada. Me interesa que hace hincapié en el desempeño de funcionarios públicos, y que se pueda relegar de sus puestos en caso de que se comprueben irregularidades, esa es la “madre de todas las batallas”. Cuando hablamos de corrupción, uno piensa en la política, pero de ahí para abajo todo es corrupción y eso termina socavando todas las instituciones. Y la tercera, es el fortalecimiento real de los fiscales. La idea del sistema acusatorio, como un sistema mucho más democrático, es donde el fiscal, tiene la titularidad de la acción, me parece que agiliza los procesos, pero por otro lado también la posibilidad de empoderar ese fiscal, descentralizándolo, y poniendo un jefe a seis años, que permita ir renovándolo a través de los mandatos. Sino lo que tenemos, es la reforma de un código (como el oficialista) en teoría súper de avanzada, pero suspenden el tratamiento de la ley orgánica de fiscales al año que viene, y eso es una manera de controlar. Porque un fiscal hoy, toma una causa sensible para el oficialismo de turno, y lo que puede hacer Gils Carbó, es sacarle el expediente, o hacerle un jury como pasó con Campagnoli. El proyecto del Frente Renovador le da independencia a los fiscales, y una jefatura acotada en el tiempo, que permite una renovación. Me parece que esos son tres pilares fundamentales.

Al incluir a las víctimas en el proceso de investigación, ¿no se corre un riego de que en la legítima búsqueda de justicia, se dificulte de alguna manera el proceso?

A mí me parece que no. Lo que define hacia un lado o al otro es la prueba. Obviamente la víctima siempre va a tener una necesidad, de justicia a cualquier precio porque ha sufrido un daño, en muchos casos irreversible como es el caso de la muerte de un ser querido. El límite a esa desesperación de la víctima, es la prueba. No hay sentencia sin prueba. Ahí está el punto de equilibrio, ente víctima y victimario.

Hoy por hoy, ¿no hay empoderamiento para que las causas las lleven los fiscales, las llevan los jueces?

Estamos hablando de la Nación. La Nación tiene jurisdicción en la Capital Federal, pero recordemos que las provincias son anteriores a la nación, entonces en delitos menores como robo, que no son federales, como es el tema drogas. Pero hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, todavía existe el juez de instrucción, que es como una reminiscencia inquisitiva, la idea de que el juez instruye en la causa y juzga, si quiere delega en el fiscal, caso contrario se la queda. Me parece que dificulta la objetividad del juez, porque si os instruís te contaminas. Lo que tiene que hacer el juez, es recibir una causa investigada, y juzgar a partir de eso. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Hay un sistema acusatorio desde hace mucho tiempo, está el protagonismo del fiscal, pero hay una procuradora que tiene el control. Entonces, de acuerdo al “viento político”, deja investigar, o saca al fiscal y le pide un jury, entonces no hay estadística en la provincia de condena por casos de corrupción. Ese es el reflejo de lo que quiere el oficialismo, con lo que propone a nivel Nación. Fiscales que en teoría investigan libremente, pero con una jefatura que puede obstaculizarlos según los “vientos políticos”. Por eso nuestra propuesta es la fiscales horizontales, al estilo de Brasil o Italia, fuertes, independientes, con autonomía, y con una jefatura acotada en el tiempo, de seis años, que es fundamental para que los fiscales hagan su trabajo.