Un documento revela la implicación de un asesor de Milei en un acuerdo con Kelsier Group. La falta de encuadre legal genera dudas sobre transparencia y posibles conflictos de interés.
Un nuevo documento filtrado expuso conexiones entre el Gobierno y una empresa cripto en medio de la controversia por la presunta estafa vinculada a la memecoin $LIBRA. El periodista Alejandro Bercovich presentó en C5N un borrador de contrato que, aunque nunca se firmó, involucra a un asesor del presidente Javier Milei en un acuerdo con Kelsier Group.
Según el informe, el documento menciona a Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y allegado a Milei. Junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores de Tech Forum, Morales habría participado en la redacción del acuerdo solicitado por Hayden Davis. La propuesta establecía una «asociación indirecta con el gobierno argentino», otorgando a los involucrados el rol de «asesores exclusivos de Milei y su administración en el ámbito de los criptoactivos».
El texto, fechado el 20 de noviembre de 2024, contemplaba que Davis obtuviera «acceso directo a Javier Milei y Karina Milei para discusiones prioritarias». Bercovich señaló que el contrato no se formalizó, pero que Davis lo consideraba una garantía ante la desconfianza generada por los operadores cripto vinculados al oficialismo.
Se conoció el contrato que armaron Davis y los asesores criptos de Milei, y tiene detalles lamentables.
Milei siempre estuvo al tanto, y sabía muy bien que nada era para apoyar emprendimientos ni Pymes, solo para juntar dinero con el gobierno argentino como respaldo.@aleberco… pic.twitter.com/PrWkopzmwP— Editor✍ (@Editor_76) February 20, 2025
El acuerdo pretendía posicionar a Argentina como referente en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas, con Morales como asesor presidencial en estos temas. Sin embargo, la falta de encuadre legal generó alarma sobre una posible violación de normativas vigentes y un conflicto de intereses en la toma de decisiones estatales.
Expertos advierten que la participación de actores privados en estrategias gubernamentales sin los procedimientos administrativos adecuados podría derivar en investigaciones judiciales. Mientras tanto, la polémica crece en redes sociales, con sectores de la oposición exigiendo explicaciones al Ejecutivo y cuestionando la transparencia de la gestión en el ámbito financiero y tecnológico.
