La presión ejercida por Edith Terenzi (Chubut) y Natalia Gadano (Por Santa Cruz) logró que Ezequiel Atauche (Jujuy), jefe del bloque libertario del Senado, admitiera que al Gobierno de Javier Milei no le interesaba tratar el proyecto de ley de ficha limpia «ni esta semana ni el 7 de mayo». La afirmación de Atauche confirmó la sospecha que circulaba desde hacía varios días en los pasillos y despachos del Senado: la confluencia de intereses entre el oficialismo y el kirchnerismo para evitar que el proyecto se convirtiera en ley.

Desde el inicio, la iniciativa generó un fuerte rechazo en el kirchnerismo. Para el bloque de Unión por la Patria, conducido por José Mayans (Formosa), la norma tiene como objetivo «proscribir» una eventual candidatura legislativa nacional de Cristina Kirchner, quien se vería directamente afectada debido a su condena en la causa Vialidad, ratificada por la Cámara de Casación.

La administración libertaria, por su parte, tampoco mostró entusiasmo por el avance de ficha limpia. El gobierno de Milei preferiría mantener abierta la posibilidad de polarizar electoralmente con la expresidenta, estrategia que resultó exitosa en 2023. Además, la Casa Rosada buscó evitar otorgarle un triunfo político a Pro y a su líder, Mauricio Macri, principales impulsores del proyecto, especialmente en un contexto de campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones del 18 de mayo.

Atauche ya había manifestado su resistencia en una reunión previa de bloques dialoguistas. Ante el pedido de los senadores de Pro, Alfredo de Angeli (Entre Ríos) y Martín Goerling (Misiones), de incluir el tratamiento de ficha limpia en la agenda, Atauche advirtió que no era conveniente abordar un tema político y conflictivo durante una sesión prevista para homenajear al Papa Francisco. En respuesta, Gadano propuso realizar dos sesiones separadas: una para el homenaje y otra para debatir ficha limpia. La iniciativa fue respaldada por Terenzi y por la radical Mariana Juri (Mendoza).

Posteriormente, Atauche se retiró de la reunión argumentando la necesidad de consultar al Gobierno. Reapareció más de media hora después, cuando el tema volvió a discutirse en la reunión de Labor Parlamentaria con la presencia de todos los bloques. En este nuevo escenario, el oficialismo contó nuevamente con el respaldo de Mayans, quien también defendió la necesidad de preservar el carácter no político de la sesión de homenaje.

A pesar de los esfuerzos de Terenzi y Gadano para insistir en la posibilidad de realizar dos sesiones, el peronista Carlos Espínola (Corrientes), integrante del interbloque Las Provincias Unidas y aliado de la Casa Rosada, propuso postergar el tratamiento de ficha limpia para el 7 de mayo y dejarlo asentado en el acta de Labor Parlamentaria como una muestra de compromiso.

Fue entonces cuando Atauche manifestó que «al Gobierno no le interesa tratar el tema ni esta semana ni el 7 de mayo», dejando en evidencia la postura oficial y generando satisfacción entre quienes buscaban que se transparentaran las verdaderas intenciones del oficialismo.

La declaración de Atauche también trajo alivio para Natalia Gadano, quien había sido señalada por la diputada macrista Silvina Lospennato como responsable, junto a José María Carambia, de bloquear el tratamiento del proyecto. Ambos senadores rechazaron esas acusaciones, reafirmaron públicamente su apoyo a ficha limpia y trasladaron la responsabilidad del estancamiento al Gobierno nacional.

Con la confirmación del respaldo de los santacruceños, el argumento de la falta de votos perdió fuerza. De concretarse todos los apoyos comprometidos, el proyecto contaría con 38 votos afirmativos, superando el mínimo de 37 exigido por la Constitución para aprobar reformas electorales en el Senado.

Sin embargo, persisten algunas dudas dentro de la UCR. Al menos dos senadores radicales plantean objeciones al texto aprobado en Diputados y proponen modificaciones, principalmente para ampliar la lista de delitos que impedirían la candidatura. Argumentan que, tal como está redactado actualmente, permitiría que figuras como Leonardo Cositorto, condenado a 12 años de prisión por estafa, pudieran presentarse a elecciones.

A pesar de estas diferencias, en el bloque radical minimizan las tensiones internas y aseguran que «los que quieren la ley pueden quedarse tranquilos» porque no habrá obstáculos para aprobar ficha limpia.