El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., terminó de prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak en la causa que investiga la muerte de 96 pacientes tras recibir fentanilo contaminado. García Furfaro se entregó el miércoles en la alcaidía de Ezeiza, acompañado por su abogado, y permaneció detenido. Su madre, Nilda Furfaro, obtuvo prisión domiciliaria por cuestiones de salud y por tener a su cargo a su madre de 88 años, también imputada en la causa.

Hasta el momento, declararon nueve de los diez detenidos, entre ellos familiares y exempleados que admitieron haber prestado sus firmas o trabajado de manera informal en las sociedades vinculadas a los laboratorios. Entre los testimonios más reveladores, un jubilado de 71 años declaró que “prestó su nombre” como presidente de Laboratorio Ramallo S.A. a pedido de Ariel García Furfaro, y que realizaba trámites menores, depósitos bancarios y acompañaba camiones sin tomar decisiones relevantes en la gestión del laboratorio. Por su parte, un mecánico que trabajó en mantenimiento aseguró que firmó documentos “por confianza” y sin recibir sueldo formal, aclarando que nunca participó de la fabricación ni distribución de medicamentos.

Otros familiares, como Diego Hernán García, hijo de Nilda, declararon que su labor se limitaba a pagar proveedores y comprar insumos menores, y expresaron su desolación por verse implicados en la causa: “Somos trabajadores, no somos delincuentes… Ni la pude llevar a mi hija de vacaciones porque tenía miedo de que pensaran que me quería fugar”, dijo. La madre del empresario, Nilda Furfaro, negó haber firmado documentación relevante y aseguró que cualquier firma fue realizada por confianza en su hijo.

Entre los profesionales del laboratorio, varios directores técnicos se negaron a declarar. Víctor Pablo Boccaccio, director técnico de Laboratorio Ramallo S.A., afirmó que supervisaba la gestión técnica y científica, pero que no recibía órdenes de Ariel García Furfaro ni de otros directivos. Carolina Ansaldi, también directora técnica, se abstuvo de declarar por problemas de salud y familiares. Otros consultores y empleados, como Pablo Javier Schapiro y Javier Martín Tchukran, aclararon que sus funciones eran externas o de mantenimiento y que no tenían intervención en la producción del fentanilo.

La causa se inició el 12 de mayo pasado, luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas coincidían genómicamente con las detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en los laboratorios. El expediente reveló graves irregularidades en la fabricación, distribución y documentación de los lotes implicados, incluyendo el uso de sellos oficiales de la ANMAT en vehículos de los imputados y firmas de personas que negaron haber intervenido en los procesos.

Además, el juez Kreplak decidió apartar al Ministerio de Salud de la Nación como querellante por sospechas de omisiones y posibles connivencias en los controles a los laboratorios. Según el magistrado, la participación del Ministerio en la causa podría generar conflictos de interés, mientras que el Ministerio Público Fiscal continuará defendiendo los intereses generales de la sociedad.

La investigación sigue en curso, con directivos, accionistas y personal técnico aún bajo proceso, mientras se analizan historias clínicas, registros internos de lotes y documentos de ANMAT que podrían determinar responsabilidades penales graves. El artículo 201 bis del Código Penal establece penas de 10 a 25 años de prisión si se produce la muerte de personas por adulteración de sustancias medicinales, como en este caso.

El testimonio de los detenidos dejó al descubierto cómo operaban los laboratorios y cómo personas ajenas a la gestión directa eran utilizadas para formalizar documentación sin conocimiento de su contenido, un mecanismo que habría contribuido a la circulación del fentanilo contaminado que causó decenas de muertes en hospitales del país.