El Juez platense Francisco José Terrier, a cargo del Juzgado Cont. Adm. Nº 3, dictó sentencia en los autos caratulados "LOPEZ, Alfredo y otros c/ DIRECCION GRAL. DE ESCUELAS" fallando a favor de los Consejeros Escolares de San Martín. De esta manera levanta la suspensión que pesaba sobre los mismos, quienes deberían así volver a cumplir sus funciones normalmente en el Consejo Escolar del Municipio. Ellos son Mariano Solari, Amalia Gil, Roberto Grande, Maximiliano Battaglia, Ana María Kalapis, Silvia Gargagiola, Alfredo López y Mariela Gómez. Terrier consideró irregular y con falta de sustento legal la intervención que se había decretado en el mes de marzo de 2007 por la Dirección Gral. de Escuelas de Buenos Aires.

En la sentencia que dictara, el magistrado criticó duramente el obrar de la Dirección General de Escuelas al considerar que este organismo, con la intervención decretada al Consejos Escolar sanmartinense, violó normas legales y constitucionales y sostuvo que la suspensión preventiva ordenada para con los consejeros sanmartinenses fue dispuesta sin límite de tiempo y sin relación a ningún tipo de ACTUACIÓN SUMARIAL.

Fuentes del Consejo Escolar dejaron entrever que para esta semana tenían previsto denunciar a los consejeros escolares suspendidos según los resultados arrojados por la Auditoría. Lo que no se entiende es por qué la Intervención de Garay, quien nunca habló con la prensa, tardó tanto en tomar la decisión de denunciar esas supuestas irregularidades. Fundamentalmente le apuntaban a Ana María Kalapis (presidenta), Alfredo López (tesorero) y Maximiliano Battaglia. Pero ahora este fallo judicial del pasado 20 de Septiembre puede cambiar todo, puesto que al haberse declarado nula la intervención, el fallo en lo Contencioso Administrativo le desconocería facultades para realizar la denuncia penal después de esa fecha.

Pero la NoticiaWeb pudo acceder al expediente de la sentencia de Terrier.El juez marcó que" tampoco surge de los considerandos del acto que se haya dado traslado a las partes de los informes tenidos en cuenta para resolver, ni contado con el dictamen jurídico previo de los organismos que está previsto que intervengan de acuerdo al art. 57 del decreto ley 7647/70". Así,sigue sosteniendo el magistrado a cargo del expediente, "desde la postura que se presume asumida por la Dirección General de Cultura y Educación en cuanto al régimen jurídico aplicable, el actuar por ésta desarrollado aparece como infractor del art. 15 de la Constitución provincial, como también de las normas legales específicas (arts. 57 y 103 del dec. ley 7647/70), en cuanto garantizan el debido proceso en sede administrativa."