Antonio Domingo Bussi falleció a las 16:45, a los 85 años de edad como producto de su afección cardíaca, agravada por complicaciones renales y pulmonares. Al mediodía, los médicos que lo atendían en el Instituto Cardiológico de la provincia de Tucumán habían confirmado que la situación era ya "irreversible".

El mismo diagnóstico había dado el médico forense Raúl Asial quien consideró que el ex titular del Operativo Independencia se hallaba "muy grave, con deterioro creciente y progresivo de sus funciones vitales".

En el informe oficial que le envió ayer por la mañana al Tribunal Oral Federal de Tucumán, Asial aseguró que el ex gobernador de la provincia presentaba una "insuficiencia cardíaca descompensada, cardiopatía dilatada de baja fracción de eyección de origen valvular, estenosis aórtica severa, fibrilación auricular permanente".

En marzo de este año, el tucumano fue condenado a prisión perpetua junto al ex general Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro y asesinato del senador Guillermo Claudio Vargas Aignasse ocurrido el 24 de marzo de 1976, cuando se desempeñaba como jefe de la V Brigada de Infantería del Ejército.

Bussi tenía más de un centenar de causas en la Justicia argentina por distintos crímenes de lesa humanidad y otros delitos como enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. En el año 2007, le fue concedido el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo que se trasladó desde el ex arsenal Miguel de Azcuénaga hacia la casa de uno de sus hijos en un country tucumano.

Integrante de la última dictadura militar, Bussi se desempeñó como gobernador de facto de la provincia de Tucumán. Años antes, en 1975, había reemplazado al general Acdel Vilas a pedido de la presidente María Estela Martínez de Perón para ponerse al frente del "Operativo Independencia" para enfrentar a las guerrillas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que combatían en el monte tucumano.

Ya en democracia, Bussi fue electo en 1995 gobernador de su provincia a través del voto popular. En el mes de mayo de este año, el gobierno nacional lo dio de baja como ex general de división, retirándole sus beneficios como retirado, por encontrarse condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.