La posible designación del juez Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema de Justicia ha generado una serie de reacciones encontradas en los tribunales de Comodoro Py. Mientras que algunos celebran su postulación como un reconocimiento a uno de los suyos y destacan su experiencia y conocimiento del sistema judicial y los entretelones políticos, otros expresan preocupación por las implicaciones políticas y el posible impacto en casos de corrupción.

Entre los jueces y fiscales, existe consenso en que la llegada de Lijo a la Corte aseguraría una mayor comprensión de los casos que se presentan desde los tribunales de primera instancia, dado su conocimiento del fuero federal porteño. Sin embargo, algunos fiscales expresan desencanto y temor de que la negociación política pueda frustrar el avance de casos de corrupción en los que están comprometidos.

Las asociaciones de jueces y fiscales han señalado la falta de representación femenina en la Corte como una objeción a la postulación de Lijo, aunque no cuestionan sus antecedentes en el manejo de casos de poder. Por otro lado, los funcionarios de los tribunales de Comodoro Py ven la llegada de Lijo como una garantía de estabilidad y gobernabilidad, mientras que otros creen que hay mejores candidatos, especialmente mujeres, que deberían tener prioridad en la designación.

En el contexto político, se especula que la postulación de Lijo podría ser parte de un acuerdo más amplio entre el Gobierno y sectores judiciales, lo que podría tener implicaciones en la gobernabilidad y en la resolución de casos judiciales sensibles. En general, la reacción en los tribunales federales ha sido mixta, con algunos celebrando la noticia como una reivindicación y otros expresando reservas y objeciones.

Esta percepción se basa en la idea de que, durante la presidencia de Milei, la Corte Suprema podría confirmar alguna sentencia contra Cristina Kirchner u otros actores políticos relevantes. Desde esta perspectiva, la designación de Lijo podría interpretarse como un intento de asegurar una Corte que tome decisiones favorables para el gobierno en el futuro.

Estas reflexiones provienen de funcionarios judiciales familiarizados con los juegos de poder y las dinámicas políticas en Comodoro Py, quienes ven la posible designación de Lijo como parte de una estrategia más amplia para influir en el sistema judicial y garantizar la estabilidad política.

El nombre de Ariel Lijo destaca entre los doce jueces federales de Comodoro Py. Desde que asumió su cargo mediante concurso en 2004, Lijo ha estado involucrado en dos casos de gran repercusión: la investigación sobre las irregularidades en la causa AMIA, que incluyó un breve capítulo relacionado con la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Kirchner, y el proceso de elevación a juicio oral del ex vicepresidente Amado Boudou por el caso de la calcográfica Ciccone. También lideró la investigación sobre posibles delitos cometidos por exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri en relación con el acuerdo aceptado por el Estado nacional en 2016 para el pago de la deuda de la empresa Correo Argentino S.A., aunque nunca citó al expresidente para ser interrogado.

Además, Lijo ha estado involucrado en causas relacionadas con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Intervino en investigaciones que abarcan desde la era de «Isabelita» hasta la megacausa-Esma, tras la renuncia del juez federal Sergio Torres, quien asumió como presidente de la Corte Suprema bonaerense. En el marco de esta causa, aprobó la cesión del campo de deportes de la Esma al club River Plate mediante un convenio con el Estado nacional en 2023.

En lo que respecta al gobierno actual, Lijo tiene pendiente una causa abierta relacionada con el debate sobre la Ley Ómnibus en el Congreso. Se trata de la presentación contra el presidente Javier Milei por acusar de «coimeros» a los diputados sin respaldar sus dichos públicos con una demanda formal. Hasta el momento, no ha habido avances significativos en esta denuncia.