El Senado volvió a mostrar un clima de alta confrontación política. El plenario de comisiones que trató la ley de inviolabilidad de la propiedad privada derivó en un intercambio duro entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, con acusaciones cruzadas y posiciones irreconciliables.

El momento más tenso apareció sobre el final de la exposición de la ministra bonaerense Daniela Vilar. La funcionaria vinculó el proyecto con intereses externos y puso en el centro del debate la relación del Gobierno con organismos internacionales. “Esto lo pidió Estados Unidos, está escrito a la medida del FMI, a la medida del acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Están entregando la soberanía, se están llevando puestas leyes que impulsó Cristina Kirchner; entonces se entiende porque es necesario perseguir a determinados líderes, porque con ella libre se defendería el territorio y el patrimonio de nuestro país”, afirmó.

La respuesta del oficialismo fue inmediata. Desde el mismo plenario rechazaron la acusación y defendieron la iniciativa. La senadora Nadia Márquez le contestó sin rodeos: “La expresidenta no está presa por lo que piensa, está presa por corrupta”.

Antes de ese cruce, Patricia Bullrich ya había marcado el tono del bloque libertario. Cuestionó el enfoque de los expositores cercanos al kirchnerismo y sostuvo: “Una cosa es que vengan funcionarios a hablar de una ley y otra cosa es que vengan a hacer un panfleto político”. Luego apuntó contra la defensa de Cristina Kirchner y remarcó: “La señora que usted defendió (por Cristina Kirchner) llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (con su apelación); se entiende que no respeten ningún derecho cuando tampoco aceptan la decisión del máximo tribunal del país”.

En ese marco, Bullrich respaldó el proyecto del Gobierno y planteó su objetivo central: “el Estado no sea el enemigo de la gente, el que le roba su propiedad, sino su aliado que le permite desarrollarse”.

La iniciativa oficial incluyó cambios de fondo. Estableció un mecanismo de desalojos más rápido, fijó nuevas condiciones para expropiaciones y habilitó la compra de tierras por parte de extranjeros sin las restricciones actuales. También propuso modificaciones en la ley de manejo del fuego y una reorganización del esquema de regularización de barrios populares.

Durante buena parte de la jornada, los expositores invitados cuestionaron la propuesta. Sin embargo, el constitucionalista Daniel Sabsay introdujo matices. Reconoció la importancia de la propiedad privada y la definió como “un elemento importante del estado de Derecho”, aunque aclaró que no existen “derechos absolutos”.

El especialista planteó reparos sobre el impacto ambiental y sobre la situación habitacional. También advirtió que la reglamentación del Poder Ejecutivo resultará clave para evitar conflictos en la aplicación de la norma. A la vez, apoyó medidas más firmes ante ocupaciones ilegales, pero pidió resguardar garantías judiciales.

El debate seguirá la próxima semana. El oficialismo buscará avanzar con el dictamen, aunque el resultado dependerá de acuerdos con sectores de la oposición. Mientras tanto, el cruce político ya dejó en claro el eje de la discusión: la acusación de injerencia externa y la defensa del modelo económico libertario marcaron el pulso de la pelea en el Senado.