De acuerdo con el informe judicial «se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos. No conformes con eso, los estafadores»habían intentado que se autoricen otras tres transferencias», en este caso por 341 millones de pesos.

Las órdenes «se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas». Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: [email protected], utilizada para enviar los formularios de transferencia.