El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Fernando Espinoza (FPV-PJ), presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Tarifaria durante un plazo de seis meses en todo el país para el agua, la luz y el gas.

La iniciativa indica que durante el período en que la Emergencia esté vigente, se retrotraerán al 30 de noviembre de 2018 los cuadros tarifarios. El beneficio propuesto abarca a jubilados, asalariados y monotributistas cuyos ingresos no superen los $50 mil mensuales.

La Emergencia también contempla a titulares de Asignación Universal por Hijo u otros programas sociales; inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico; aquellos perciban seguro de desempleo; Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia; beneficiarios de programas de tarifa social o similar; y usuarios residenciales que demuestren, de manera fehaciente, ingresos insuficientes para afrontar el pago de las factura.

También se incorpora a microempresas, empresas pequeñas y medianas -incluyendo a las cooperativas de trabajo- que facturen anualmente hasta $120 millones y/o empleen hasta 100 trabajadores; entidades deportivas, sociales y comunitarias, sin fines de lucro, reconocidas como tales por los municipios en los que estén domiciliadas; y al Estado nacional, establecimientos provinciales y municipales.

Todos los beneficiarios, menos el Estado nacional y los establecimientos provinciales y municipales, tendrán acceso automático a la tarifa social y las empresas prestatarias de los distintos servicios se deberán abstener de efectuar cortes en el suministro motivados por falta de pago de las facturas correspondientes a 2016, 2017 y 2018. Además, durante la Emergencia las deudas de los servicios públicos no devengarán intereses.