El esquema de retenciones cero impulsado por el Gobierno nacional terminó en un negocio millonario para un puñado de exportadoras y en un nuevo foco de conflicto con los productores agropecuarios. La decisión oficial habilitó a las cerealeras a exportar hasta 7.000 millones de dólares sin pagar derechos, pero en menos de 72 horas se agotó el cupo y los agricultores quedaron excluidos.

El mecanismo funcionó de manera exprés. Las grandes firmas presentaron sus Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior y coparon la ventana fiscal. Bunge, Louis Dreyfus Company, Cofco, Cargill y Viterra encabezaron el ranking de registros. Según cálculos del sector, esas y otras compañías embolsaron entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en apenas tres días.

“Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si hacés la cuenta se ganaron 2.000 millones de dólares en tres días. El Gobierno buscó esto”, afirmó un dirigente de la Mesa de Enlace.

La Federación Agraria expresó su malestar al señalar que “uno se siente usado porque mientras hablaban con nosotros sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imaginate que en tres días hayan cubierto ese cupo es porque ya estaba hablado de antemano”. La Sociedad Rural de Rosario también cuestionó la medida y denunció que el negocio quedó “en manos de un grupo reducido de grandes exportadores” y que la mayoría de los productores “quedó al margen”. “En lugar de ser un ‘guiño al campo’, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción”, señalaron en un comunicado.

El analista de mercados Pablo Adreani sostuvo que el cierre de la ventana de retenciones cero “se debió a la exigencia del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent”, presionado por productores de soja norteamericanos que se sintieron perjudicados. Sin embargo, para la dirigencia local la explicación es otra: las cerealeras se adelantaron y liquidaron sin retención granos comprados a productores, descontándoles las retenciones, o declararon ventas futuras que cubrirán después.

Néstor Roulet, exsecretario de Agricultura, afirmó que “todo fue muy desprolijo, para mí estaba previamente arreglado entre el Gobierno y las exportadoras”. Según su cálculo, las empresas se quedaron con “una diferencia a favor de US$ 1.500 millones”.

En las redes y en asambleas del interior muchos recordaron los “dólar soja” de Sergio Massa y remarcaron que en aquel caso el beneficio sí llegó a los productores. “Ni Massa se animó a tanto, al final terminó teniendo más palabra”, se quejó el productor y diputado bonaerense Lucho Bugallo.

Desde Carbap, su secretario Pablo Ginestet sostuvo que la rebaja de retenciones “lamentablemente fue una medida de desesperación mal pensada, mal tomada y salió mal, como esperábamos. Terminaron beneficiándose cuatro o cinco exportadores y es muy poco lo que llega a los productores”.

El Gobierno defendió la medida a través del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Juan Pazo, quien dijo que habrá un “diferencial de precio de la pizarra” porque las cerealeras “van a tener que salir a comprarle al productor”. Pero para la mayoría de las entidades agrarias la credibilidad oficial quedó dañada y la promesa de eliminar los derechos de exportación luce cada vez más lejana.

En tres días, once empresas concentraron una transferencia multimillonaria en nombre de un supuesto alivio al campo. La bronca de los productores demuestra que el “guiño” oficial terminó en una pulseada donde los grandes jugadores ganaron y la base productiva volvió a quedar afuera.