Un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó en el centro de la escena tras revelaciones que exponen cómo proveedores habrían pagado coimas para acceder a contratos estatales. La maniobra, según la investigación, incluía la emisión de facturas falsas para blanquear los pagos ilegales y un sistema de contratación que limitaba la competencia.

De acuerdo a lo difundido, el circuito funcionaba a partir de intermediarios que cobraban sumas millonarias a empresarios interesados en venderle al organismo. A cambio, garantizaban su ingreso a una “lista corta” de proveedores habilitados para participar en procesos de contratación restringidos.

Uno de los ejes del esquema era la utilización de comprobantes apócrifos. Las coimas se encubrían mediante facturación por supuestos servicios —como consultorías o venta de equipamiento médico— que en realidad no se realizaban. La documentación bajo análisis judicial muestra operaciones por cifras millonarias bajo estos conceptos.

En la causa aparece como figura clave Miguel Ángel Calvete, señalado por operar a través de un entramado de empresas que emitían facturas por transacciones inexistentes. Incluso, un audio difundido en la investigación expone el pedido de una factura por alrededor de 15 millones de pesos, que habría correspondido al pago de un retorno para asegurar la participación de una firma como proveedora.

Entre las sociedades mencionadas figura Indecomm, cuya operatoria fue cuestionada por un exdirectivo que declaró que no contaba con estructura ni stock para justificar las ventas declaradas. Según su testimonio, los pagos respondían en realidad a tareas de “lobby” para facilitar contrataciones dentro del Estado.

El sistema se sostenía, además, en mecanismos de contratación directa o compulsas abreviadas, justificadas bajo la figura de “urgencia”. Esto permitía que solo un grupo reducido de empresas —previamente seleccionado— accediera a las licitaciones, mientras otros potenciales oferentes quedaban excluidos.

Según la investigación, las empresas participantes no competían entre sí sino que coordinaban sus propuestas para repartirse los contratos. De esta forma, los precios ya incluían sobreprecios que luego alimentaban el circuito de retornos.

La denuncia también apunta a la posible participación de funcionarios con acceso a información sensible. Audios incorporados a la causa evidenciarían que ciertos actores conocían de antemano los procesos de compra, montos y estados de expedientes, lo que permitía anticipar ofertas y ajustar valores con márgenes inflados. En algunos casos, los sobreprecios habrían superado el 60% del valor de mercado.

En cuanto al reparto del dinero, la hipótesis judicial sostiene que los montos inflados se distribuían entre proveedores, intermediarios y otros actores del esquema. Entre las pruebas figuran planillas con porcentajes asignados y registros de transferencias a cuentas personales, además del hallazgo de efectivo en domicilios vinculados a la maniobra.

Uno de los casos más llamativos involucra la compra de camas ortopédicas: el organismo habría pagado 7,7 millones de pesos por dos unidades, de los cuales cerca de 5 millones se habrían destinado a intermediación. El valor abonado superaba ampliamente los precios de mercado, lo que refuerza la sospecha de sobreprecios sistemáticos.

La causa continúa en etapa de instrucción, con imputaciones por presunta defraudación a la administración pública. La fiscalía analiza audios, testimonios y documentación contable para reconstruir el circuito completo y determinar responsabilidades en un esquema que habría desviado fondos públicos a gran escala.