La reforma de la Ley de Glaciares empezó a discutirse este miércoles en la Cámara de Diputados en un escenario atravesado por cuestionamientos políticos, denuncias sobre su validez y advertencias de judicialización.

La audiencia pública, convocada como paso previo al tratamiento legislativo, arrancó con cruces en la sala, cambios sobre la marcha y una impugnación formal que pone en duda todo el proceso.

El dato sintetiza la tensión: de más de 105.000 inscriptos, apenas unos 360 podrán exponer. En paralelo, el oficialismo redujo el tiempo de intervención de cinco a cuatro minutos y mantuvo un esquema acotado que dejó afuera a la mayoría de los participantes.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei ya cuenta con media sanción del Senado, donde avanzó en febrero con un trámite veloz. Ahora, en Diputados, enfrenta un escenario más complejo, con resistencias políticas, sociales y judiciales en simultáneo.

El principal foco de tensión se concentró en la impugnación presentada por diputados de distintos espacios, entre ellos Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y Pablo Juliano, quienes cuestionaron la validez de la audiencia pública.

En el documento, los legisladores sostuvieron que el esquema adoptado restringe la participación ciudadana y vulnera normas como la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. También señalaron la falta de criterios transparentes para seleccionar expositores y las modificaciones introducidas una vez iniciado el proceso.

“Más de 100.000 personas se inscribieron para opinar, pero se redujo al 0,3%”, advirtió Ferraro, quien planteó que la audiencia “perdió su sentido” y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Desde el oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento y afirmó que “se ajusta a derecho”, en línea con el rechazo previo de medidas cautelares que buscaban frenar la convocatoria. Sin embargo, reconoció que la impugnación será incorporada al expediente.

El inicio de la audiencia también estuvo marcado por episodios de tensión dentro y fuera del Congreso. En uno de los momentos más visibles, la diputada Selva se levantó de su banca para entregarle a Mayoraz el texto de la impugnación, en medio de cuestionamientos por la falta de información sobre su tratamiento.

A la par, se registraron reclamos por la exclusión de participantes que estaban inscriptos y confirmados, lo que elevó el nivel de confrontación en la sala. Según pudo saber PERFIL, incluso hubo un cruce que debió ser contenido entre el diputado libertario Sebastián Pareja y el sindicalista Mario “Paco” Manrique.

El conflicto se extendió a la calle. Organizaciones socioambientales convocaron a una movilización frente al Congreso con la consigna “hacer fila hasta que nos dejen hablar”, en rechazo al esquema de participación. El operativo de seguridad desplegado en la zona reforzó el clima de tensión.