Fuente: InfoBAN.com.ar

El Juez de Garantías Dr. Sal Lari, mediante resolución dictada el 1 de noviembre del 2007, dispuso la elevación a juicio oral del Intendente Enrique García y diez personas más acusadas de Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal con el delito de Peculado (art. 173 inc. 7º, en función del art. 174 inc. 5º, 261 primer párrafo y concordantes del Código Penal).

Se trata de la causa instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1. Carátula original: Quintana, Hugo s/ Denuncia, Causa 10.305/1316. La causa fue asignada luego a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5. Interviene el Juzgado de Garantías Nº 3, de San Isidro.

Se ha demostrado prima facie que, por contratación directa, se simuló la prestación de cursos de capacitación presuntamente dirigidos al personal municipal. Fueron facturados, pagados y no realizados. Se dice en la causa que los funcionarios contrataban con empresas registradas pero que eran una máscara destinada a facilitar mecanismos de fraude fiscal mediante venta de facturas.

Los Fiscales de Instrucción habían pedido la elevación a juicio oral de 22 personas acusadas de realizar o participar en las maniobras delictivas, ahora se confirma que serán 11 (incluido el intendente) los juzgados por este expediente.

A esto hay que sumar otras 5 personas elevadas a juicio (incluida la ex Secretaria de Hacienda Dora Zorrilla) en otro expediente por los mismos hechos. O sea, un total de 16 acusados.

Todavía cuentan los 11 con la posibilidad de intentar un recurso de apelación. Consultado por InfoBAN, el Presidente de Pro Vicente López, una de las ONG`s que acompañó la denuncia y el proceso judicial a lo largo de los años, explicó que "Esta resolución demuestra que la Asociación Pro Vicente López tenía razones y fundamentos suficientes para instar la promoción de un juicio político contra el Intendente García"; cuestión que fue sistemáticamente negada por el oficialismo con su "Mayoría automática".

Esta defensa injustificada de las personas -en este caso del Intendente, por lealtades particulares-, demuestra una vez más que los concejales -o la mayoría de ellos- ejercen un mandato a favor del Ejecutivo y no a favor de los vecinos, ya que habilitando la continuidad del Intendente en el ejercicio de sus funciones, se pudieron perder o eliminar valiosos documentos y pruebas, que con igual complicidad de funcionarios -varios de ellos imputados hasta esta resolución del fiscal de la causa- negaron la posibilidad de suspender en sus funciones al Intendente Enrique García hasta tanto la Justicia dirima la situación procesal del Intendente, que durante varios años de su mandato obtuvo poderes delegados del deliberante.

Ese Deliberante que a la luz de los hechos equivocó o impidió la defensa del erario público rechazando la iniciativa del Juicio Político, que había sido archivada por la mayoría automática del Concejo Deliberante en noviembre de 2006.