El monitoreo de las finanzas públicas en las universidades nacionales podría desencadenar un conflicto relacionado con auditorías. Mientras el presidente Javier Milei sigue firme en su intención de enviar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a la Universidad de Buenos Aires (UBA), las autoridades de esta institución educativa están acelerando negociaciones con legisladores de la oposición para que la Auditoría General de la Nación (AGN) comience cuanto antes a examinar la gestión de sus recursos.

Con este fin, el lunes se llevaron a cabo conversaciones entre el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal), quien preside la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, y los representantes de la UBA, liderados por su rector, Ricardo Gelpi. Durante la reunión, se coincidió en la importancia de iniciar las auditorías a más tardar en febrero del próximo año, enfocándose en tres de las facultades más relevantes: Económicas, Medicina y Psicología. Conscientes de que los informes a menudo tardan un tiempo considerable —incluso años—, Pichetto estableció un plazo de seis meses para la entrega de los mismos.

La Auditoría General de la Nación (AGN) es el organismo técnico con rango constitucional encargado de asistir al Congreso en el control externo de la administración pública nacional, lo que incluye la supervisión de las universidades nacionales. Esta función no corresponde a la SIGEN, que tiene un alcance limitado al Poder Ejecutivo. La AGN está bajo la supervisión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, cuya presidencia fue asumida la semana pasada por Miguel Pichetto, quien se desempeñó como auditor nacional hasta el 10 de diciembre del año pasado, antes de asumir su cargo como diputado.

“Mañana se celebra la primera reunión de la Comisión Mixta y voy a solicitar que se amplíe el plan de acción del año próximo con auditorías a las facultades de Economía, Medicina y Psicología de la UBA. Queremos empezar a trabajar cuanto antes, más allá de lo que haga la SIGEN”, adelantó Pichetto después de su encuentro con Gelpi, quien estuvo acompañado por el vicerrector Emiliano Yacobitti y el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz.

El enfrentamiento entre Milei y los rectores universitarios se agravó tras el veto del presidente a la ley que establecía la actualización de los gastos de las universidades en función de la inflación. Después de este veto, Milei encomendó a la SIGEN la tarea de auditar los fondos que reciben del Estado, lo que los rectores interpretaron como una violación de los principios de autonomía y autarquía financiera que sustentan a las universidades.

“El organismo legalmente competente para realizar las auditorías en las universidades nacionales es la Auditoría General de la Nación”, enfatizaron los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Nuestra intención es colaborar con todos los organismos que promuevan la transparencia en el uso de los recursos públicos, incluyendo la SIGEN, pero siempre dentro del marco del respeto a la autonomía y autarquía que la Constitución nacional garantiza al sistema y a cada universidad”.

Milei, por su parte, no se quedó en silencio. “Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina, porque el que las hace las paga”, advirtió el presidente la semana pasada. Este domingo, incluso fue más lejos, insinuando que el robo ocurrido en el comité nacional de la UCR, dirigido por Martín Lousteau—un crítico feroz del Gobierno y socio político de Yacobitti—podría estar relacionado con la resistencia de la UBA a permitir auditorías por parte de la SIGEN.

“Justo cuando la UBA se niega a que le hagan las auditorías, a 125 [en referencia a Lousteau] le entran en la oficina a destruir evidencia que podría tener la marca de sus dedos”, agregó con tono provocador.

Desde la UBA, las acusaciones de Milei han sido calificadas como “un disparate”, y se ha destacado que la mejor forma de contrarrestar su ofensiva es comenzar las auditorías correspondientes lo antes posible. En su plan de acción para 2025, la AGN ya había incluido a la Facultad de Medicina de la UBA, y ahora se busca sumar también a las facultades de Economía y Psicología para la elaboración de informes más inmediatos.

En una etapa posterior, se planea abordar las auditorías en otras universidades públicas nacionales, incluyendo las de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como la Patagonia San Juan Bosco, Chilecito, Avellaneda y del Nordeste.

“Queremos despejar todas las dudas y, sobre todo, desmentir la idea de que las universidades no queremos ser auditadas”, afirmó Yacobitti.

A medida que el conflicto entre el gobierno y las universidades se intensifica, es evidente que la actitud confrontativa del presidente Milei, junto con sus acusaciones infundadas, refleja un intento de socavar la autonomía universitaria y deslegitimar a las instituciones educativas en lugar de fomentar un diálogo constructivo. Esta postura no solo perjudica la reputación de las universidades, sino que también desatiende la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en un contexto donde la educación superior debería ser un pilar fundamental para el desarrollo del país. La falta de un enfoque colaborativo por parte del gobierno pone en riesgo el futuro de las instituciones y, con ello, el bienestar de la sociedad en su conjunto.