En la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) se desarrolló un encuentro destinado a profundizar el debate sobre el proyecto de reutilización social de los bienes incautados al narcotráfico, una iniciativa impulsada por Leonardo Grosso, referente del Movimiento Evita, junto a Proyecto Bien Restituido, ACIJ, Libera, SINODAR y especialistas de ámbitos judiciales, religiosos, académicos y comunitarios. El objetivo central fue avanzar en un modelo que permita transformar capital ilícito en herramientas de reparación para los barrios más afectados por el crimen organizado.

Durante la jornada, Grosso señaló que “la violencia crece día a día en nuestros barrios, y vivimos en un contexto donde las pibas y los pibes mueren todas las semanas a causa del narcotráfico”, y sostuvo que frente a ese panorama “no podemos quedarnos paralizados, sino impulsar iniciativas que frenen esta violencia y protejan a nuestras comunidades”. Planteó además que este tipo de propuestas requieren un esfuerzo colectivo porque “la política, los vecinos y vecinas, las familias y las organizaciones sociales tienen que empujar en la misma dirección”, y subrayó que el proyecto representa “una señal firme para que salgamos del rincón y queden en ese rincón quienes cometen delitos vinculados al narcotráfico, porque estamos convencidos de que esto puede resolverse si trabajamos juntos y tiramos para el mismo lado; como decía el Papa Francisco, la unidad siempre es superior al conflicto”.

Lucas Manjón, impulsor del proyecto Bien Restituido, destacó que la Argentina ya cuenta con condiciones institucionales para avanzar en este camino y recordó que la iniciativa “fue presentada en distintas oportunidades tanto en el Congreso como en ámbitos legislativos municipales y provinciales”. Señaló que el país tiene hoy la posibilidad de replicar un modelo que lleva más de tres décadas de implementación en Italia, donde “se quitaron los bienes a las organizaciones criminales y se devolvieron a la comunidad, y donde provincias y municipios pueden impulsar este camino para transformar bienes ilícitos en oportunidades reales para los barrios”.

Entre las voces presentes estuvo también la del Obispo de San Martín, Martín Fassi, quien llamó a fortalecer la dimensión humana y reparadora del proyecto. Explicó que “es imprescindible poner en el centro a las víctimas, escucharlas y darles voz, porque la delincuencia genera víctimas visibles e invisibles y un sufrimiento que debe ser compensado”. Agregó que comprender el fenómeno requiere incluso “escuchar al victimario, no para justificarlo sino para entender la historia que hay detrás y poder revertirla”, y afirmó que “algo está roto y debe ser reparado; la reparación implica ir al corazón y a la mente, tomar conciencia y hacernos cargo”.

También expuso el Fiscal Federal de San Isidro, Fernando Domínguez, quien advirtió sobre las fallas estructurales del sistema penal argentino y la ausencia de una estrategia integral frente al narcotráfico. Señaló que “en nuestro país tenemos una incapacidad casi patológica para pensar los problemas de manera global y generar políticas integrales. No contamos con estudios serios sobre el impacto del narcotráfico o con inteligencia criminal actualizada: no hay una verdadera política en materia de drogas”. Domínguez agregó que “seguimos sin comprender que la política criminal es inseparable de la política social” y sostuvo que “lo que falta es un plan global de política criminal”. Finalmente, remarcó que “necesitamos un sistema eficaz de persecución penal, con funcionarios capacitados y con mecanismos multidisciplinarios, como la propuesta de bienes restituidos, que funcionen adecuadamente”.

A lo largo de la actividad, especialistas y organizaciones coincidieron en que la Argentina dispone de herramientas institucionales y experiencias previas para avanzar en un sistema de reutilización social que permita convertir recursos del narcotráfico en proyectos educativos, comunitarios y productivos, con impacto directo en los territorios más afectados. En esa línea, también participaron del panel Marcelo Lapargo, Fiscal de Cámara de San Martín, y Laura Mazzaferri, Fiscal Federal de Mar del Plata, quienes aportaron su perspectiva sobre los vacíos legales actuales, los plazos procesales y la urgencia de consolidar un esquema estable de administración y destino social de bienes decomisados.

Las organizaciones convocantes, UNSAM, Proyecto Bien Restituido, ACIJ, Libera y SINODAR, reafirmaron que construir consensos amplios es indispensable para consolidar políticas públicas que reparen el daño, fortalezcan a las comunidades y devuelvan capacidad de acción a los barrios.